Dos Masacres, Dos Ejecuciones
Los extremos criminales y un
Estado que viola los Derechos Humanos
Todos los y las nicaragüenses tenemos derecho a ser protegidos frente a las
amenazas graves que pongan en peligro nuestra seguridad y la vida misma. El
artículo 97 constitucional señala como misión esencial de la Policía Nacional,
prevenir y perseguir el delito, capturando a toda persona que se le sorprenda
infraganti o bien con la orden de la autoridad competente. En cumplimiento de
su misión, los agentes policiales están facultados para emplear la fuerza y en casos
extremos sus armas de fuego, legal, necesaria y legítimamente frente a los
peligros que represente cualquier acción contra la vida y la integridad de los
propios agentes y de terceras personas.
En la masacre de Las
Jagüitas, de los hechos
públicamente conocidos podemos observar que, ni la fuerza y muchos menos las
armas de fuego letal, estaban mínimamente legitimadas porque no hubo ninguna
circunstancia razonable que la justificara, por el contrario el uso irracional
de fusilería y cualquier otra fuerza, constituyó una acción ilícita, y un
verdadero crimen de estado en perjuicio de la vida y la integridad de la
familia Reyes Ramírez, de la que recordamos el testimonio valiente de la señora
Yelka Ramírez, que perdió a tres de sus seres queridos; además sobreviviente
junto con otros miembros de la familia, incluidos niños. Partiendo de lo que
pudimos saber, quiero destacar que dicho
crimen no fue investigado con la misma proporción de su gravedad y en su
esencia quedará prácticamente en la impunidad legalizada, como una nueva ofensa
para la familia masacrada. Además de que no nos han dicho toda la verdad, ya
asoma una iniciativa judicial de poner en libertad a todos aquellos que están
con penas menores a cinco años y sin antecedentes. Esta es una de las caras de
la misma moneda, de la mal llamada justicia y que tiene por nombre el Estado de
Nicaragua.
En el caso de la ejecución o
asesinato de los cinco agentes de la Policía que cayeron en cumplimiento de su deber, se trata
de cinco víctimas que pertenecían a la institución policial, tres de ellos policías
voluntarios, solo dos eran profesionales permanentes; podemos imaginarnos que
su preparación para la persecución del delito y para entrar en combate armado
(empleo de la fuerza y las armas de fuego), carecía de la capacidad técnica y
humana.
Como norma general, los miembros de la Policía Nacional deben ingresar a la
Academia de Policía Walter Mendoza (ACAPOL), centro de formación policial con
grado universitario. Ahí se enseña y se aprende sobre las habilidades esenciales
que debe tener y poner en práctica un
agente encargado de hacer cumplir la ley. Sus funciones legales y los límites
al aplicarla (el respeto a los derechos humanos). Sin ser súper policías (éstos
solo existen en las películas), se gradúan habiendo demostrado sus capacidades humanas
(aptitud y actitud). En el caso concreto, nos resultan varias preguntas: Qué
capacidad tenían los cinco policías asesinados, si tres de ellos eran
voluntarios…? Y, si tenían una adecuada formación policial: Cómo se explica que
hayan sido ejecutados por 4 o 6 delincuentes armados de escopetas, según
comunicado oficial y declaraciones de la Primer Comisionada Granera…?
El fuego de la fusilería, el impacto que
representan cinco AKs (arma utilizada por la Policía), tiene una ventaja
significativa frente a la escopeta. Con esa diferencia de fuego y similar
fuerza humana, cómo se explica ese resultado desigual (no se reporta ningún
delincuente muerto ni herido). Otra más: Cómo se explica que la persona que
llevaban detenida haya resultado ilesa en medio de esa masacre…? Qué pasó
realmente en ese día?
El Estado resulta ser
responsable en ambos extremos criminales. En ambas masacres no nos han revelado todo lo
sucedido. En la primera, unos policías de tropas especiales, con mucha e
intensa preparación se “equivocaron” de objetivo masacrando a la familia Reyes
Ramírez. El ruido de las metrallas no tuvo en su contra ni siquiera una pedrada.
Mientras que en la profundidad del país, allá en Punta Gorda, otros policías
pero sin la preparación de tropas élites, fueron mortalmente sorprendidos por
unos delincuentes comunes que raramente se han concentrado en atacar objetivos
militares y policiales.
Podemos concluir que nuestro derecho a ser protegidos por igual, no se
garantizó tanto para el caso de la familia Reyes Ramírez, como para los cinco
agentes ejecutados, con el agravante
que el Estado, promueve la impunidad, niega el acceso a la justicia y esconde
la esencia de la verdad.
Si de evitar de ejecuciones
se trata, observemos el
doble rasero: En las últimas dos semanas ha sido casi de consenso la demanda de
Nicaragua, encabezada por activistas de derechos humanos en el país y a nivel
internacional, para que los Estados Unidos no ejecuten la pena de muerte contra
el nicaragüense Bernardo Tercero, programada para el miércoles 26 de agosto de
2015. Por decisión del Tribunal de Texas dicha ejecución fue suspendida,
motivada por una nueva declaración de una ciudadana que ahora dice que mintió
en el juicio. Bernardo Tercero se quejó en su oportunidad de una inadecuada
asistencia consular por parte del Estado y gobierno de Nicaragua; no obstante
ahora el régimen familiar se adjudica esa victoria y hasta le pone el sello de
que se trata también de una obra divina, que en el fondo esconde su
irresponsabilidad de Estado.
Ahora bien, mientras este mismo Estado y gobierno, pide clemencia a favor
de nuestro compatriota en Texas, acá en Nicaragua no existe coherencia ni
indulgencia alguna para los que habitan el territorio nicaragüense, a los que
se les aplica de hecho la pena de muerte, aunque esté prohibida por nuestra
constitución política. No hay dudas, somos únicos y originales.
