Dos Masacres, Dos Ejecuciones

Los extremos criminales y un Estado que viola los Derechos Humanos

Todos los y las nicaragüenses tenemos derecho a ser protegidos frente a las amenazas graves que pongan en peligro nuestra seguridad y la vida misma. El artículo 97 constitucional señala como misión esencial de la Policía Nacional, prevenir y perseguir el delito, capturando a toda persona que se le sorprenda infraganti o bien con la orden de la autoridad competente. En cumplimiento de su misión, los agentes policiales están facultados para emplear la fuerza y en casos extremos sus armas de fuego, legal, necesaria y legítimamente frente a los peligros que represente cualquier acción contra la vida y la integridad de los propios agentes y de terceras personas.

En la masacre de Las Jagüitas, de los hechos públicamente conocidos podemos observar que, ni la fuerza y muchos menos las armas de fuego letal, estaban mínimamente legitimadas porque no hubo ninguna circunstancia razonable que la justificara, por el contrario el uso irracional de fusilería y cualquier otra fuerza, constituyó una acción ilícita, y un verdadero crimen de estado en perjuicio de la vida y la integridad de la familia Reyes Ramírez, de la que recordamos el testimonio valiente de la señora Yelka Ramírez, que perdió a tres de sus seres queridos; además sobreviviente junto con otros miembros de la familia, incluidos niños. Partiendo de lo que pudimos saber,  quiero destacar que dicho crimen no fue investigado con la misma proporción de su gravedad y en su esencia quedará prácticamente en la impunidad legalizada, como una nueva ofensa para la familia masacrada. Además de que no nos han dicho toda la verdad, ya asoma una iniciativa judicial de poner en libertad a todos aquellos que están con penas menores a cinco años y sin antecedentes. Esta es una de las caras de la misma moneda, de la mal llamada justicia y que tiene por nombre el Estado de Nicaragua.

En el caso de la ejecución o asesinato de los cinco agentes de la Policía que cayeron en cumplimiento de su deber, se trata de cinco víctimas que pertenecían a la institución policial, tres de ellos policías voluntarios, solo dos eran profesionales permanentes; podemos imaginarnos que su preparación para la persecución del delito y para entrar en combate armado (empleo de la fuerza y las armas de fuego), carecía de la capacidad técnica y humana.

Como norma general, los miembros de la Policía Nacional deben ingresar a la Academia de Policía Walter Mendoza (ACAPOL), centro de formación policial con grado universitario. Ahí se enseña y se aprende sobre las habilidades esenciales que debe tener y poner  en práctica un agente encargado de hacer cumplir la ley. Sus funciones legales y los límites al aplicarla (el respeto a los derechos humanos). Sin ser súper policías (éstos solo existen en las películas), se gradúan habiendo demostrado sus capacidades humanas (aptitud y actitud). En el caso concreto, nos resultan varias preguntas: Qué capacidad tenían los cinco policías asesinados, si tres de ellos eran voluntarios…? Y, si tenían una adecuada formación policial: Cómo se explica que hayan sido ejecutados por 4 o 6 delincuentes armados de escopetas, según comunicado oficial y declaraciones de la Primer Comisionada Granera…?     

El fuego de la fusilería, el impacto que  representan cinco AKs (arma utilizada por la Policía), tiene una ventaja significativa frente a la escopeta. Con esa diferencia de fuego y similar fuerza humana, cómo se explica ese resultado desigual (no se reporta ningún delincuente muerto ni herido). Otra más: Cómo se explica que la persona que llevaban detenida haya resultado ilesa en medio de esa masacre…? Qué pasó realmente en ese día?

El Estado resulta ser responsable en ambos extremos criminales. En ambas masacres no nos han revelado todo lo sucedido. En la primera, unos policías de tropas especiales, con mucha e intensa preparación se “equivocaron” de objetivo masacrando a la familia Reyes Ramírez. El ruido de las metrallas no tuvo en su contra ni siquiera una pedrada. Mientras que en la profundidad del país, allá en Punta Gorda, otros policías pero sin la preparación de tropas élites, fueron mortalmente sorprendidos por unos delincuentes comunes que raramente se han concentrado en atacar objetivos militares y policiales.  

Podemos concluir que nuestro derecho a ser protegidos por igual, no se garantizó tanto para el caso de la familia Reyes Ramírez, como para los cinco agentes ejecutados, con el agravante que el Estado, promueve la impunidad, niega el acceso a la justicia y esconde la esencia de la verdad.

Si de evitar de ejecuciones se trata, observemos el doble rasero: En las últimas dos semanas ha sido casi de consenso la demanda de Nicaragua, encabezada por activistas de derechos humanos en el país y a nivel internacional, para que los Estados Unidos no ejecuten la pena de muerte contra el nicaragüense Bernardo Tercero, programada para el miércoles 26 de agosto de 2015. Por decisión del Tribunal de Texas dicha ejecución fue suspendida, motivada por una nueva declaración de una ciudadana que ahora dice que mintió en el juicio. Bernardo Tercero se quejó en su oportunidad de una inadecuada asistencia consular por parte del Estado y gobierno de Nicaragua; no obstante ahora el régimen familiar se adjudica esa victoria y hasta le pone el sello de que se trata también de una obra divina, que en el fondo esconde su irresponsabilidad de Estado.

Ahora bien, mientras este mismo Estado y gobierno, pide clemencia a favor de nuestro compatriota en Texas, acá en Nicaragua no existe coherencia ni indulgencia alguna para los que habitan el territorio nicaragüense, a los que se les aplica de hecho la pena de muerte, aunque esté prohibida por nuestra constitución política. No hay dudas, somos únicos y originales.