La adopción: Una decisión de la vida y para toda la vida

En nuestro país se ha generado un estado de opinión a partir de la presentación pública de la joven y madre Elva María Cruz Gómez, quien compareció desde el CENIDH en Estelí, denunciando que el Estado la despojó de su derecho como madre, separándola de su niña recién nacida, sin motivos que justifiquen esa intervención, que afecta su vida e integridad como mujer, la de su hija y familiares; quienes rechazan los señalamientos de que no aprecian ni cuidan a la  niña, mucho menos que estuviera en total desamparo; por el contrario se esfuerzan y luchan por garantizarle un nivel de vida adecuado, independientemente de sus condiciones socio económicas y familiares.

No es el primer caso que se conoce, no obstante Elva María, la muchacha de Estelí, sin proponérselo animó a otras madres con similar actuación del Ministerio de Familia, Niñez y Adolescencia en esa región y otras comunidades, incluyendo Managua. Las cuatro madres que han dado la cara públicamente por sus hijas e hijos son jóvenes (entre 18 y 22 años).

Entre ellas hay madres solteras. La vulnerabilidad es más sentida por muchachas que han sido víctimas de violencia en su hogar o en su entorno, sin que por ello renuncien a su derecho de enfrentar la vida junto a sus hijos e hijas, con las dificultades propias de familias que dependen del trabajo para sobrevivir en un país que no garantiza oportunidades de empleo y desarrollo para los y las jóvenes y especialmente mujeres.

En esas circunstancias la responsabilidad, tanto del Estado como de la sociedad debe centrarse en facilitar las condiciones para el desarrollo integral de la niñez, garantizando con ello el interés superior, Principio y Derecho rector de las políticas del Estado, que debe hacer los máximos esfuerzos y disposición de recursos para dicho propósito.

La intervención de MIFAMILIA para proteger a los niños, niñas y adolescentes, está legitimada en todos aquellos casos en que ha verificado y comprobado abandono o total desamparo. Siendo así, el Estado está obligado a adoptar medidas cuando la niñez está en inminente riesgo, peligros reales o sufriendo violencia que lesionan sus derechos humanos en su integridad física, psíquica, sexual y todo lo que tiene relación con su desarrollo integral.

En las denuncias presentadas públicamente, señalan que el Estado ha separado del núcleo familiar a niños y niñas, sin cumplir o sin respetar los procedimientos tanto administrativos como judiciales. Esto es asunto de fondo, es derecho y su denegación redunda en injusticia.

Hay varios momentos y etapas en estos casos que son de suprema importancia, dado que no se trata de cualquier medida ni de simples procedimientos. Separar de su núcleo familiar a niñas, niños y adolescentes es una decisión extrema, así lo señala la Convención de la Niñez de la ONU, que tiene pleno reconocimiento y vigencia en nuestro orden jurídico constitucional (Artículo 71 Constitución Política de Nicaragua).

Suponiendo que hay razones de hecho y de derecho para que MIFAMILIA intervenga, desde el primer momento y en todas sus etapas, esa institución estatal está obligada a garantizar el legal y debido proceso, tanto en la vía administrativa como judicial. No caben procedimientos unilaterales y excluyentes del derecho de la familia afectada, por muy buena intención que se invoque en la intervención.

El debido proceso implica la participación de todas las partes interesadas en la intervención del Estado, éste tiene que probar no sólo la legalidad que se presume en su actuación sino el fondo de la acción que es la protección ante un peligro o violación de DDHH que afecta a la niña o niño sujeto de la protección.

En el proceso administrativo y judicial, los interesados tienen la oportunidad y derecho de presentarse como recurso familiar, de oponerse y alegar lo que se tenga a bien; de ser oído incluso en casos donde no se tiene la razón. Pero reitero, las denuncias hasta ahora publicadas tienen en común que la intervención estatal es arbitraria, en tanto desconoce el derecho de las madres y familias afectadas, no tenidas materialmente como partes. Sin resoluciones debidamente motivadas y notificadas para que puedan ser apeladas.

En el caso de Estelí la denuncia señala una convocatoria judicial con nombres cambiados, un juez que conoce y realiza trámite sin ser el competente a como lo determina y exige la legislación en materia de familia. Un juez que cita a la madre mediante edicto (notificación en periódicos), a sabiendas de su dirección y domicilio, con lo que se evidencia mala fe, con la apuesta de que “ni cuenta se daría” que estaba sometida a ese proceso de una sola cara.

Una actuación caracterizada por el abuso de poder traducido en un proceso administrativo y judicial irregular, dirigido a imposibilitar la participación de la madre y familiares de la bebé, cuyo resultado final es decisión de vida y para toda la vida: La separación definitiva de la niña de su madre y demás familiares que la reclaman, como los abuelos.

Si la adopción es irregular y hay recursos familiares idóneos, debe revertirse y los niños y niñas devueltos a sus familias. Para ello es necesaria y saludable una auditoría de todo lo actuado, tanto en la vía administrativa como judicial. Una revisión interna y externa, para eso son los recursos. El rollo es qué autoridad competente y con credibilidad realiza ese acto urgente de fiscalización, de control de legalidad y constitucionalidad en pro de los DDHH de la niñez y de sus familias. El principio de transparencia también lo demanda.

Como corolario de la suma de abusos del poder, el abuelo paterno de la niña de Elva María pasó a ser una víctima más por abogar dignamente a favor de los derechos de su nieta y por no “bajarle el gas” como se lo aconsejaron en ENACAL, con la presencia de las máximas autoridades partidarias de su región. Por no acatar la voz partidaria fue despedido de su empleo como asesor de ENACAL en las Segovias.

En medio de las malas noticias que significan las violaciones a los DDHH; surge una importante lección que dignifica la ciudadanía, pues no son pocos los que han optado por el silencio y la sumisión a fin de “no meterse a problemas” y mantenerse en el trabajo.

Ver a esa muchacha de Estelí buscando cómo recuperar a su hija, con espíritu de lucha, nos indica que no todo está perdido. Como decimos en Derecho, el Estado tiene la carga de la prueba y está obligado a demostrar que ella y sus familiares no tienen la razón.

 ¡¡¡DERECHO QUE NO SE DEFIENDE ES DERECHO QUE SE PIERDE!!!