Fraude, Crimen y Cinismo

Si usted observa un centro de votación vacío, dicen los datos oficiales que es pura percepción 

La población nicaragüense  en la última década ha sido despojada de su derecho a elegir y ser electo, derecho que ni siquiera se había alcanzado y realizado a plenitud; dado que históricamente ha existido un divorcio entre el voto, el conteo y los resultados. El respeto a la voluntad popular no ha prevalecido, porque los poderosos se han encargado de cambiar los resultados.

El ascenso al poder por lo general ha carecido de legitimidad. Eso sí, los políticos nacionales han sido campeones para acomodar sus abusos y atrocidades bajo “formas de legalidad”.

Un sistema basado en el fraude y la corrupción

Si hacemos un rápido repaso desde que Nicaragua se proclamó como República,  encontramos las contradicciones y guerras generadas por los políticos que nos han gobernado o desgobernado. De tal manera que fraude, engaño, reelecciones, trampa, promesas incumplidas, persecución y ejecuciones, han sido expresiones que identifican a los políticos contendientes, variando el nombre de las facciones ahora denominados partidos.

Fue apenas en el siglo pasado que se generalizó el voto con alcance universal y popular, no obstante los partidos se han encargado de hegemonizar los derechos de una ciudadanía estafada y conducida a las peores formas de enfrentamiento con vidas truncadas en diferentes tiempos; antes, cuando vivían mis tátara abuelos, se llamaban timbucos y calandracas, democráticos y legitimistas, conservadores y liberales.

Más recientemente somocismo, sandinismo, neoliberales convertidos en un montón de siglas sin representados y lo último en oferta también politiquera, el  orteguismo, la versión actual de una revolución inexistente que de paso acaba con el remedo de democracia, entre ella la electoral.

Todas las mañas y marañas asemejan a los políticos, la diferencia es la forma, el discurso de una clase política “moderna” con esencia de siglo XIX. Pactistas hasta los tuétanos con el agravante de actuar en nombre y en contra de todas y todos los nicaragüenses.

En la última década y en pleno siglo 21, se acumulan media docena de elecciones (generales, regionales y municipales) donde la gente vota pero no decide ni elige, porque una estructura electoral bajo el control absoluto del partido gobernante se encarga de asignar los cargos y cambiar la voluntad de los votantes que cada vez son menos.

Desde las elecciones municipales 2008, el derecho político se ha venido conculcando hasta llegar a unos niveles de descomposición y corrupción que no es jugando. En resumidas cuentas desde entonces tenemos y sufrimos procesos “electorales” basados en el fraude, lo que quiere decir que el meollo es todo el sistema. El clavo (problema) es grande.

En las elecciones generales de 2011, el abuso de poder adquirió una dimensión grotesca con la imposición de la candidatura presidencial de Daniel Ortega, quien por mandato constitucional tenía doble prohibición que le impedía la reelección.

No obstante, la Corte Suprema de “Justicia” y el Consejo Supremo Electoral estaban para servirle en bandeja al supremo jefe su candidatura, sentenciando contra razón jurídica y contra los nicaragüenses. El artículo 147 constitucional fue declarado inaplicable, en respuesta a un improcedente Recurso de Amparo, que no cabía ni de forma ni de fondo, aunque sí respondía a la consigna de que la “la revolución está por encima de la constitución” y había que hacer cualquier cosa para no volver a perder el poder.

En las elecciones municipales de 2012, la apropiación ilegitima o el asalto de los gobiernos municipales fue in crescendo, porque la victoria estaba reservada para el partido de la familia Ortega Murillo.

Los tentáculos del poder no podían dejar escapar su influencia en los territorios del Caribe nicaragüense, de tal manera que hasta allá hicieron sentir su arrollador lenguaje de victorias tras victorias, para lo cual han hecho uso del mismo sistema de bandidaje de alianzas, divisiones y pasada de cuenta para el que se les aparta de su esquema dictatorial, si no me creen pregúntenles a los líderes de Yatama y observen lo que pasa en esas regiones.

En las elecciones generales del año pasado, la reelección y el continuismo impuesto recibió un contundente mensaje de unos electores que se comienzan a hartar, pues a pesar de las presiones para acudir a votar y los miedos de no hacerlo, fue notoria la masiva abstención. En consecuencia, la familia sabe muy que ni con todos sus programas, medios de comunicación, intimidación y mentiras han podido llenar las urnas, ni con todo el pastoreo ejecutado por su maquinaria.

Es más, ni a su misma base que es mayoría relativa, la han podido persuadir ni obligar a depositar su voto. El mensaje lo tienen clarísimo, su propia fuerza de simpatizantes les ha negado el voto de confianza, se van quedando con la iglesia vaciada de gente y de contenido atractivo.

Las últimas “elecciones” municipales, no fueron la excepción porque una vez más se hizo sentir el mensaje de la abstención. Con las imágenes que les comparto se observa el panorama de una Managua que optó por dominguear antes que votar, eso fue la tónica general en el país. Y, donde la ciudadanía de buena fe acudió en mayor cantidad, la mano del fraude no se hizo esperar cambiando resultados. Es decir, si todo lo fraudulento no les ha sido suficiente… No tienen estómago para echar a pelear injustamente a la gente incluso entre votantes con similar corriente política.

Así, omitiendo deliberadamente el significado histórico y doloroso que ha tenido la reelección, en lo sucesivo nada ni nadie los ha parado en su carrera por hacerse de un poder absoluto hasta llegar a ser lo que son: Una versión actualizada de una dictadura dinástica que ya se acerca a los 45 años de la somocista (Desde el 79 Ortega y sus allegados han estado en el poder sea desde arriba o desde abajo).

Violencia política y crimines de Estado

En el contexto de los recientes fraudes electorales, una característica e identidad de los mismos ha sido la violencia institucional como el asalto al orden jurídico constitucional que ha degenerado toda la política electoral y de partido en los últimos años.

Además de esos fraudes a la legalidad y a la constitución, lo que no han ganado en las urnas, lo logran cambiando y alterando datos, para lo cual han tenido que hacer uso de la represión de las fuerzas policiales y militares que junto a las fuerzas de choque han operado contra las voces que han resistido contra el fraude. Por eso hemos visto la violencia política de calle, con enfrentamientos graves con privación de derecho a la vida, heridos y lesionados que van quedando olvidados.

Por ironía del destino de la política corrupta, ahorita hay muchos detenidos por los que sus "máximos líderes" de partido no preguntan. No se escuchan sus voces de protesta, es que arriba la prioridad es la repartición, para los de abajo represión.

La probabilidad de evitar los niveles de violencia y sus consecuencias para la vida, es y ha sido responsabilidad del Estado, cuyas fuerzas represivas se han puesto al servicio del partido de gobierno.  En más de una ocasión de la última década, la Policía y el Ejército han sido instrumentos partidarios, sea para la intimidación, persecución, cacería o complicidad para con las fuerzas de choques que han matado a varios ciudadanos y a varios miembros de una misma familia. Por acción o por omisión, se trata de verdaderos crímenes de Estado.

En ese sentido, deben estar en nuestra memoria todos aquellos que creyeron en el derecho a elegir y a ser electo, a esas víctimas cuyas vidas han sido segadas por las ansias desmedidas y criminales del poder, mi humilde homenaje.

El mismo día 8 de noviembre de 2011, Mercedes Torres Pérez y a sus dos hijos Josué Sael y Elmer Torres Cruz, muertos en la masacre de El Carrizo, en San José de Cusmapa; y Ronald Martínez Herrera Secretario Político del FSLN en Coperna, Siuna,  a quienes las fuerzas extremas de uno y otro contendiente los asesinaron en las presidenciales fraudulentas de 2011.

Juan López Artola y Vidal Obando Lira,  dos ciudadanos de Darío asesinados en la farsa de 2012, por fuerzas combinadas del partido de gobierno y tropas especiales de la Policía. En el mismo contexto, pero en el municipio de El Jícaro fue también asesinado Ariel Francisco Reyes Gutiérrez, de la JS19J. Ambos hechos criminales se atribuyeron a las fuerzas de los extremos políticos, sin conocerse los resultados de investigación oficial, excepto la declaración pública de que se esclarecerían…

José Nahúm Mendoza Arriola y su yerno Margarito Mendoza Sevilla, originarios de Ciudad Antigua y Armando López, originario de Totogalpa, Madriz. Son los tres ciudadanos ejecutados en Ciudad Antigua, el mismo día de la reelección y continuismo presidencial del 6 de noviembre de 2016, asesinato múltiple que cumplió un año sin esclarecimiento alguno, excepto que fue un crimen entre delincuentes, mientras tanto el régimen se aseguraba “otra victoria” con la actual y última farsa.

A la lista de asesinados en estos años, se suman otras víctimas de las recientes municipales, de la que si algo se puede destacar es que en medio de la enorme abstención hubo simultáneamente una mayor y dolorosa pérdida de vidas humanas, siempre por el afán continuista y de asalto total del poder.

Los nombres de ciudadanos asesinados en este noviembre de 2017, hasta ahora confirmados son Chando Smith Gadea y Gary Stevens Miguel Kitler del partido Yatama, en el Caribe Sur y Norte de Nicaragua;  Wilder Rivera Moreno y Alejandro Aguilar Herrera, en San Sebastián de Yalí, de Ciudadanos por la Libertad; Elías Pineda Blandón en Wiwilí, Jinotega del PLC.

Es digno recordar a María José Bravo, periodista de La Prensa quien fuera asesinada en Juigalpa Chontales, el 9 de noviembre de 2004, en las elecciones municipales, por impacto de bala disparada por el ex alcalde de El Ayote, Eugenio Hernández González, condenado a 25 años de prisión; por cierto en todos los crímenes aquí referidos, la generalidad ha sido la impunidad. Al respecto, los invito a leer los informes del CENIDH, donde podrán verificar detalles de las diferentes elecciones en Nicaragua, esfuerzo ampliamente documentado en los 27 años de dicha institución.

   

Si podemos sacar una lección visible de todos estos años y como mal recuerdo de la historia, es que el fraude por mantenerse en el poder está manchado con la sangre de esas vidas truncadas, cuya máxima responsabilidad es del Estado y la clase política dominante y corrupta que, cuando no se arregla mediante pactos oscuros, desatan guerras donde los muertos los pone el pueblo.

El Cinismo de una fiesta que careció de civismo

Un innombrable funcionario del gobierno orteguista, quien dedicó mucho tiempo de su vida promoviendo la guerra, para votar a Somoza primero y a Ortega después, involucrado en la muerte en los dos bandos, minimizó los asesinatos en la reciente farsa, porque no se comparan con las muertes por accidentes. Esta declaración es una muestra de insensibilidad y de 0 responsabilidad de parte de quien desde el 2008 permanece custodiado por más de un policía luego de que su casa fuera apedreada, hecho criminal que por supuesto no fue para nada relativizado.

A eso se llama cinismo y 0 civismo, como cínica es la posición declarada por la policía al señalar que los disturbios fueron provocados por algunos partidos “opositores”, sin decir una sola idea que nos de pista sobre los participantes en los recientes asesinatos, cercenando la verdad o contándola a medias.

Observemos cómo es el doble estándar de nuestra policía que lleva el nombre de Nacional… Ahorita hay 26 acusados por los hechos de violencia en San Dionisio y Jalapa, otra cantidad de detenidos en los hechos violentos del Caribe norte y sur. Saben quiénes son esos presos…? Pertenecen a cualquier partido menos al partido gobernante, cuyos destrozos y asesinatos parecieran en otro planeta.

En el mismo ambiente pre y pos electoral, la Policía se reducía a espectador o represor en casos de enfrentamientos, ataques y muertes en diferentes municipios como Yalí con dos ciudadanos opositores asesinados en presencia y con la aquiescencia (complicidad) de la Policía, lo mismo pasó en Wiwilí y las comunidades del Caribe.

La casa del partido opositor en Yalí está al lado de la PN, cuyos agentes al parecer estaban durmiendo con sus pofis que destruyeron la casa, dejando hacer y deshacer, todo lo contrario de San Dionisio y Jalapa o en la Concepción, Masaya y el Jicaral de León, donde persiguieron hasta en horas de la madrugada, incluso botando puertas y apaleando a los detenidos traídos exclusivamente al Chipote.

Sobre los asesinados, la declaración cínica señaló que no habían recibido denuncia, última que no esperaron en los otros casos, es la fórmula de la irresponsabilidad que por acción u omisión se aplica en todos los asesinatos, sea en Wiwilí Jinotega o en el Caribe Norte y Sur. Eso se llama crimen de Estado, cinismo que deja en evidencia la ausencia de civismo, donde perdemos todos y todas; por supuesto incluyendo la familia gobernante que ya sabe que cada vez los quieren menos, hasta sus propios beneficiarios de un proceso basado en el fraude y la mentira.

Siendo así nuestra dura y cruda realidad, hay que tener mucha cáscara para convocar a una celebración por la “aplastante victoria en unas votaciones llenas de paz”, clase cinismo. La sangre derramada por culpa de la dictadura les caiga a todos los responsables por acción y por omisión.

Mientras tanto, la resistencia por conquistar nuestro derecho a vivir en libertad y sin miedo continúa.