Asaltan a la Federación Nacional de Cooperativas FENACOOP

Con dedicatoria a Sinforeano Cáceres

No se había consumado toda la farsa de justicia relacionada al pistolero cuando a pocas cuadras de Metrocentro se ejecutaba otra acción política con la fuerza abusiva del poder, tomándose por asalto las oficinas nacionales de FENACOOP, cuyo objetivo central era golpear a su  Presidente Sinforeano Cáceres y quedarse con el amplio movimiento de cooperativas. Escribo del tema semanas después porque estimo que no ha perdido relevancia en el tiempo, dado que ahorita están consumando toda la arbitrariedad, con la llamada liquidación, irrespetando derechos, lo que merece nuestra atención.

En el contexto del asalto de dicha Federación, Cáceres expuso que ésta aglutina a más de 400 cooperativas, con miles de familias protagonistas en el proceso productivo, que por su desarrollo en más de 30 años, son sujetos de derechos en ejercicio de ciudadanía con sus propios esfuerzos, resultado que no hace sintonía con el modelo de estos tiempos.

Tan solo 100 días después de asumido el período constitucional de Ortega en 2007, el Presidente de FENACOOP presentó para la Revista Envío, un análisis objetivo y crítico de la gestión gubernamental de tal manera que ya “se la venían guardando”, estilo muy propio de este régimen. Su argumentada opinión nos permite tener mejor información sobre los privilegios de este “gobierno del pueblo” que se codea y se entiende muy bien con los más ricos, incluido el compañero requetecapitalista Carlos Slim, visitante de honor en días recientes. 

En la charla publicada en la Revista Envío 302 de mayo de 2007 titulada “El gobierno debe cambiar: el desarrollo rural no se resuelve en secreto” Sinforeano entre otras, dice: “Hablo como agricultor y como representante de buena parte de las cooperativas de Nicaragua. Somos agricultores activos, convencidos de que la cabeza no nos sirve sólo para ponernos un sombrero, sino para pensar...”. Otra cita que nos da luces para entender el ahora, dice Sinforeano: “…Yo creo que necesitamos una relación con el gobierno que no sea prebendaria. Hasta ahora, lo que estamos viendo es que el liderazgo que está renunciando a la lealtad gremial por la sumisión partidaria es el que está siendo beneficiado con recursos. Todo esto está generando incertidumbres. Lo que está en juego hoy es nuestra autonomía y nuestra identidad, el derecho a ser lo que somos y a representar a quienes nos eligieron. Mantener la lealtad gremial tendrá costos. Creemos que no es sano ni justo ni contribuye a construir ciudadanía que la relación de los gremios con el gobierno se base en prebendas y chantajes. Le hemos dicho al gobierno que aspiramos a una relación de respeto, de complementariedad, de colaboración y de búsqueda de consenso” (las negrillas son mías).   

Obviamente Sinforeano conoce muy bien a sus camaradas de partido y pronostica lo que vendría después con los serviles del régimen que prefirieron la sumisión total en detrimento del gremio del que todavía tienen la cáscara de decir que representan. En este gobierno, con un modelo de pensamiento único, sin derecho de expresión y opinión para su militancia, cualquiera que contraríe la lógica del poder familiar, cae en desgracia. Independientemente que sea guerrillero de los viejos o que grite todas las consignas actuales, no se salva de la guillotina, autonomía como la señalada no está permitida para nada, eso es así, mando y obediencia total. Así operan los premios y castigos.

Ultima cita: “Lo que vemos como tendencia, lo que está sucediendo es que los organismos que más recursos están recibiendo no son los más necesitados, sino los que tienen a la cabeza a diputados o a cuadros de alto nivel de la estructura o de la nomenclatura del partido o del gobierno. No podemos ni fomentar ni avalar este tipo de prácticas. Tenemos ya suficientes plagas en Nicaragua. Egipto sufrió siete, aquí ya he identificado ocho: caudillismo, corrupción, cárteles de todo tipo, tráfico de influencias, irrespeto por la institucionalidad, abuso del poder a ultranza, irrespeto y desconocimiento de la ley de participación ciudadana. Y la octava, el nuevo mal: el mercenario de la cooperación, que es quien usa la ayuda para el desarrollo para manipular al pobre, instrumentalizando su pobreza”. 

 

8 años después le pasaron factura, aunque no le debiera a quienes se la cobraron. Según cuentan, como se dice en el beisbol: Esa jugada estaba cantada desde hace rato. No se lo que pasó en los ocho años transcurridos desde la charla que he citado y recomiendo leamos. En todo caso Cáceres podría explicar más. Sumisión total o muerte cívica incluida la cárcel, particularmente para Sinforeano, quien recurrió por amenazas de detención ilegal y la Policía informó que no tiene nada en su contra, por lo que el Tribunal resolvió que se debe respetar su libertad.  

 

Les decía que casi simultáneamente al hecho del pistolero de Metrocentro (el muchacho de Daniel), se ejecutó la operación contra FENACOOP por comisarios del superministerio MEFCCA. Un poco más de 20 trabajadores de esas iniciales se tomaron las oficinas; 10-12 afectados intentaron impedir el despojo. No pudieron con los ocupantes, quienes tenían de cerquita una patrulla policial dispuesta a “prevenir el delito y capturar al delincuente” (lo que no hicieron con el pistolero). 

 

En la acción violenta gravitó el vínculo con lo que queda del partido, que limita los gritos contra la injusticia proveniente del gran centro de poder, por eso observamos en las imágenes de TV a un Sinforeano conmovido y paralizado desde una ventana, dirigiéndose a Daniel Ortega, pidiéndole consideración (ver Confidencial digital viernes 4 de septiembre).

 

Que más les digo, sin invento aunque parece cuento, La FENACOOP por resolución arbitraria fue intervenida unos meses atrás, por lo que las víctimas Recurrieron de Amparo sin recibir respuesta de la ilustrísima Suprema Corte. La orden de ocupación se cumplió sin importar los derechos de los asociados; la legalidad es un cuento de “la derecha enemiga” y aquí estamos en revolución (ja!!!). 

Sin establecer la causa legal correspondiente (no hay acusación contra Sinforeano), se dice que hay malos manejos de fondos. Todos sabemos que si hay delito, debe haber una investigación criminal, para que no haya impunidad; ese es el camino del derecho y si deben ir a la cárcel, pues que así sea y no con pistola en la cabeza de entregar la Federación y nos olvidamos de lo que hiciste (hecho que niega rotundamente Cáceres). La denominada intervención se materializa sin posibilidad real para la defensa de los asociados, la liquidación se ha consumado. No hay derecho.

La razón de ser del Poder es el Derecho, por eso es que ningún funcionario puede actuar en contra de la ciudadanía, si no hay causa legal previamente establecida. Primero se investiga y una vez verificado el delito la fiscalía ejerce la acción penal, sin la influencia aquella de que la ley se aplica a los enemigos y a los amigos no alineados que le hacen el juego a los opositores del buen gobierno (otro ja!!!). 

No actuaron ni llegaron con el derecho, lo que sí llevaron fue barra de hierro para romper verja y una barra de ese ministerio superdotado que ha sido inútil para lo que fue creado. En el caso de FENACOOP cumplieron con eficacia la voluntad del supremo (tengamos lo que tengamos que hacer, nunca perder poder).

La noticia corrió en las redes sociales, mucho menos que la del pistolero y siempre con una ciudadanía más virtual que real..., apareció en escena un operador político del Carmen que le dijo a Sinforeano ser enviado por un enlace con cargo de magistrado. Dicho enviado llegó a hacerle menos pesada la cruz, el mensaje era que le iban a ayudar que le hiciera huevo con más gente y con un nuevo recurso de amparo (el mensajero se lo haría) pararían a esta gente que también es del frente. O sea unos los garrotean y otros hacen el teatro del cinismo como sobadores.

¿Cómo terminó esta operación...? El mensajero no volvió como enviado de buena voluntad,  mientras los amigos desalojados se aferraban a su esperanza, cantaban a los invasores la canción de campaña de trabajo y paz, más la consigna, con lo cual no impidieron la llegada de los antimotines que muy eficaces protegieron la acción del súper ministerio.

Qué ironía: Los que le pasaron la cuenta a Cáceres, desde que volvieron al poder nunca nos la han rendido a nosotros, ni explicado cómo se volvieron unos pobrecillos millonarios. ¿Qué les parece? son únicos y originales. 

Está escrito: Mientras nos quedemos indiferentes, le caerán a más gente y aunque para no pocos esto no es dictadura, vamos a ver cuánto tiempo esa opinión les dura.

El Caribe que sangra

Autonomía limitada y atropellada: Lloran a sus muertos y la justicia no llega

En las últimas semanas, se cuentan por decena los muertos en el Caribe Norte de Nicaragua, la mayoría comunitarios miskitos y varios colonos. La cifra, que tiene nombres y apellidos, triplica la cantidad de muertes provocadas por el chikungunya, aunque no provoca medidas urgentes del Estado. ¿Cuántos detenidos, acusados, procesados y condenados hay por estos crímenes que enlutan a nuestra gente de allá? Ya sabemos la respuesta del país más seguro.  

En medio de la celebración de las fiestas patrias del prolongado fin de semana, cuando en el pacífico de Nicaragua se realizaba el desfile colegial, allá en Waspám se atacaba mortalmente a unos comunitarios, muriendo el Miskito Mario Leman Muller, y el 15 de septiembre emboscaron a otros que no atendieron el alto de policías y militares. Las balas “disparadas preventivamente al aire” impactaron en los cuerpos de indígenas, entre ellos el vicepresidente de Wangki Twi Tasba Raya, Romel Constantino Washington. En Managua, un comunicado de la Policía informó que la patrulla de militares y policías fue atacada por los comunitarios, pero extrañamente no hubo oficiales heridos, solo los indígenas.

La compañera Rosario Murillo, en su acostumbrada intervención en el canal 4 de TV, el recién pasado jueves 17 lamentó la muerte número 5 por el chikungunya. Es responsabilidad de Estado velar por la vida y la salud de la población. Sin embargo, no se advierte urgencia en el Ejecutivo ante tantas muertes en la costa Caribe, ni por las centenares de familias desplazadas y el drama económico social que sufren producto de este nuevo y sangriento episodio.

La violencia por razones políticas y por disputa de los territorios, donde habitan centenares de comunidades, es antigua como sangrienta. La diferencia es la intensidad según los tiempos y tipos de gobiernos que hemos tenido en Nicaragua, caracterizados por un poder centralizado y concentrado en la capital, desde donde siempre se ha decidido sobre los derechos de esa extensa región caribeña, aunque ahora les llamen regiones autónomas. Si hay una distinción en la época actual es que, ahora cuentan con instrumentos internacionales que le reconocen sus derechos humanos, basados en su naturaleza como pueblos originarios.

El Estado de Nicaragua es firmante y parte de la casi totalidad de instrumentos internacionales de derechos humanos, desde la declaración universal, Convención Americana, Convenciones contra la Tortura de la ONU y OEA, y en particular los relacionados a los derechos de los pueblos indígenas. En su esencia, la diversidad de esos instrumentos reconoce y reafirman que el centro de toda actividad, acción o medida del Estado (del poder) es la persona humana. Los estados adquieren y se comprometen a respetar, promover y garantizar los derechos humanos de sus pobladores; los derechos son de todos y todas y merecen por parejo igual protección, sin doble rasero en la aplicación de la ley en casos o conflictos concretos.

En este orden de ideas, existe un régimen jurídico propio para los pueblos indígenas y las comunidades que habitan Nicaragua: Además de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, nuestra Constitución Política, la 28 Ley de Autonomía y la Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, Gaceta 16 del 23 de Enero del 2003 que reconoce y regulan el derecho a su territorio (propiedad indígena), su propia forma de vida y organización política y administrativa, determinada por sus usos y costumbres ancestrales. Ahora bien, si existe todo ese ordenamiento jurídico que delimita el ejercicio del poder y la realización de sus derechos, ¿cuál es el fondo de la violencia que conocemos más ahorita debido al elevado número de muertos? Hay motivaciones políticas, económicas, sociales y culturales.

Es importante tener presente que en el Caribe aun no sanan las heridas y sentimientos encontrados producto de la guerra (la más reciente), donde la Revolución no ganó los corazones de esos pueblos y comunidades, por el contrario los dividió y significó gravísimas violaciones a sus derechos humanos y que ahora se recuerdan, como la Navidad Roja. En la práctica, la clase política dominante, desde el poder central con sus expresiones regionales y locales no ha permitido la realización plena ni de la autonomía ni de los derechos humanos de las diversas comunidades.

La Autonomía, como ejercicio de autogobierno (no de independencia), no hace sintonía con la lógica del poder con sede en Managua; o a la inversa el modelo del actual gobierno que en su esencia es autoritario y excluyente, no puede convivir con los pueblos indígenas y comunidades del Caribe, aunque se jacte de haberles “concedido” autonomía, a la que tienen reducida a una entidad histórica pero vacía de contenido esencial y práctico. Resulta absurdo, ilógico e inmoral pedirles a los indígenas cohabitación si desde arriba se decide con imposición.

Ámbitos esenciales resultan ser: La posesión, tenencia y dominio de la propiedad indígena; y su libre forma de organización, derechos estrechamente relacionados al ejercicio político que se conjugan con sus derechos colectivos y sociales, destacando la administración de sus territorios. En estos ejes o derechos, el Estado y gobierno, más preciso el partido de gobierno y sus aliados ocasionales han desconocido la forma de organización de los comunitarios, para lo cual les imponen juntas directivas y a las que no son de su agrado simplemente no les entregan la Certificación e impiden su funcionamiento, para lo cual cuentan con el absoluto dominio de los dos Consejos Regionales, cuya mayoría ya sabemos cómo la obtuvieron. Y, cada vez que los líderes comunitarios recurren de amparo contra las arbitrariedades de ambos Consejos Regionales, aparece la infaltable Suprema de injusticia con sus resoluciones tardías y a favor de los poderosos que los mantienen en el cargo para que “nos administren justicia”.

El Caribe nicaragüense cuenta con una amplia extensión territorial, con mucha riqueza en recursos forestales, marítimos entre otros; contradictoriamente es la región más empobrecida, históricamente sus pobladores han sido víctimas de marginación y exclusión social. Waspam, escenario de la actual violencia y derramamiento de sangre, no es la excepción. Recomiendo lectura de amplio reportaje de La Prensa del 17 de septiembre de 2015, titulado Claves para entender el conflicto en el Caribe norte y publicación especial de la Revista Envío de Nicaragua.

Con lo expuesto, comprendemos porqué alientan o dirigen (poderes públicos y privados que la gente conoce) la invasión de los territorios para lo cual se aprovechan del estado de necesidad de colonos que demandan tierras a los cuales engañan que les titularán, promoviendo la compra venta de tierras que no son susceptibles de comercio: Prohibición que conocen muy bien, de tal manera que quien compra (y cómo si no tienen dinero?) compra un verdadero problema. Dichas invasiones no son espontáneas, aun cuando muchos colonos necesitan un lugar donde vivir y trabajar. Engañan a los colonos porque la citada Ley 445 (artículos 35-38) establece reconocimiento de derechos a los terceros que habitaban territorios indígenas antes de la entrada en vigencia de esta ley, cuando los colonos eran una cantidad mucho menor a lo que hoy se conoce como una verdadera e inducida invasión, última que viene siendo denunciada desde hace varios años sin recibir la protección del Estado. Al respecto, pueden consultar los informes sobre la situación de los derechos humanos en el Caribe de los últimos años, presentados por el CENIDH.

Dos casos internacionales nos ilustran sobre los alcances de la conflictividad y por los cuales el Estado de Nicaragua ha sido condenado por violación a derechos humanos de pueblos originarios: La sentencia en el caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua del 31 de agosto de 2001, por una concesión maderera, y la Sentencia por la exclusión de YATAMA como organización política indígena, del 23 de junio de 2005, ambos casos se relacionan a la explotación de los recursos y riquezas de los territorios y a la forma política de la organización. Después de la condena por el primer caso, en el gobierno de Bolaños se aprobó la citada Ley 445. Ambas condenas no han sido suficientes para que el Estado cambie su práctica hacia los pueblos indígenas, a los cuales sigue irrespetando.

Todo se resume en poder político, económico y social, por eso es que la autonomía y derechos humanos de los pobladores de aquella región están bien elaborados y reducidos en el papel, incluido el internacional pero una cosa es la norma y otra la cruda realidad: Firmar me harás… cumplir jamás, es la máxima de los que no están dispuestos a perder poder, cueste lo que cueste. Así es que se explica el doble rasero de permisibilidad de las invasiones y la interferencia en la organización de los comunitarios para que con territorios (con toda su riqueza incluida) y control de la gente, no tener obstáculos en su proceso de enriquecimiento desmedido.  

Mientras la población de occidente recibe una atención con medidas urgentes por los extraños sismos, mientras piden en su nombre asesoría internacional de expertos en esas lides que no se hicieron esperar (aplausos); para los indígenas con todo y la decena de muertos no hay ninguna alerta ni temprana ni tardía. Un buen gobierno y sobre todo un estadista pediría también ayuda internacional a los órganos especializados de la ONU para los pueblos indígenas y así resolver de fondo el grave problema donde se viola los DDHH de esa población que es también nicaragüense. 

Mientras acá nos abruman con excesiva deferencia y medidas preventivas… allá, a los comunitarios los abruman con indiferencia y a balazos. Ese irrespeto a la vida e integridad de los Caribeños es por discriminación y una expresión de racismo. Por acción o por omisión, el Estado es responsable de las graves violaciones de derechos humanos y en particular sobre la violencia actual que tiene al Caribe llorando a sus muertos y esperando justicia.

El muchacho de Daniel

“…Salió un muchacho que voló cuatro tiros, pero que no quería matar a nadie. El escándalo porque está detenido y está puesto a la orden del juez, pero no satisface a nadie. Está claro que no disparó a matar…”.

Daniel Ortega en el 36 aniversario de la Policía

Asalto a mano armada

Es miércoles 2 de septiembre, una multitud de “agentes del orden” tienen tomada la zona de acceso al Centro Nacional destinado para el fraude (CSE), su objetivo: evitar que un grupo pequeño de ciudadanos se acerque a ese edificio y que los huevos (de gallina) no lo manchen, aunque desde hace rato está oscurecido por la corrupción. Los lentes y fotografías proyectan a diversas fuerzas de policías, con patrullas equipadas y sus motores listos; incluye una tropa debidamente entrenada para detener sin causar daños. Sin sumar los agentes vestidos de civil ni los civiles amigos del régimen, más lo que ese día se asomaron para “apoyar al CSE”, entre ellos humildes personas que declararon públicamente que andaban pidiéndolo al compañero Comandante, la restitución de sus derechos.

La protesta es frente a un régimen que, electo por las reglas de la Democracia, gobierna o desgobierna a su manera, según como amanece el día. Por eso la demanda de elecciones transparentes; agregando en los últimos miércoles algo de sátira y humor, cuyo blanco es el Presidente del Supremo fraude y la pareja más conocida en el país. Los mensajes en serio y el aditivo de la burla, no logran cautivar todavía a quienes mantienen una ciudadanía virtual. La lógica indica que frente a una pequeña movilización, los poderosos no deberían sentir culillo. Pero, parece que algo intuyen, además el autoritarismo no puede convivir con la libertad.

Así, en medio de un verdadero campo minado de policías, apareció el famoso pistolero de la Rotonda de Metrocentro, haciendo de las suyas disparando a los jóvenes David Campos, Jairo Contreras y a otros ciudadanos que protestaban ese día. El “muchacho” de Daniel tuvo todo el tiempo de golpear con la cacha de la pistola a otro de los jóvenes y después disparar a Campos y a Contreras. Su acción criminal fue con la aprobación del muro de contención policial. Un Comisionado con desfachatez dijo que no vio nada porque estaba a varias cuadras. Este Comisionado cumplió excelente su misión (no hacer nada porque no vio nada), al punto que le puso sello a su ascenso en grado de mayor.

Celebremos porque ningún disparo impactó contra la humanidad de los manifestantes. Quienes planearon esa acción saben que el objetivo era aterrorizar para desmovilizar. La eficacia de nuestra policía (de las mejores del mundo), hizo posible la captura del pistolero 24 horas después del atentado. A diferencia del trato a otros ciudadanos, del tirador solo exhibieron su cédula. No capturaron al otro “muchacho” que, en su respectiva motocicleta, se llevó al bien intencionado que vestía de negro. Basados en recientes casos, el viernes 4 de septiembre, en la entrada de Plaza El Sol advertimos la posible maniobra de que el Ministerio Público acusara el día sábado, con presencia de pocos medios, donde el “compañero delincuente” se declararía culpable y no se hable más.

Teatro de injusticia.- Sucedió algo parecido a lo dicho en Plaza El Sol, con adiciones al teatro. El pistolero que dicen se llama Samir, aceptó la acusación en su contra y después tiró su lodo a Mónica Zalaquett, la misma activista que lo había rescatado de la violencia juvenil en años anteriores. Veamos el momento y contexto de esa declaración. Por la embarrada del día del disparo, la policía auto descalificada por su complicidad, lo metió preso cuando quiso y lo tuvo de huésped en el chipote. Sin asistencia legal alguna y en sintonía con la Fiscalía lo presentaron ante el juez después de las 48 horas constitucionales.

Observemos cómo se coludieron (otro caso más que se agrega a la larga lista): Ni la Policía ni la Fiscalía, garantizaron participación de las víctimas en las debidas diligencias de investigación. No las llamaron para entrevista, ni para que reconocieran al que les había disparado y confirmar que el detenido (presentado solo en cédula) era el mismito ciudadano que vestía de negro y como profesional tirador. David Campos, Jairo Contreras y Chéster Jiménez, aparecen mencionados en la audiencia preliminar como víctimas y que fiscalía dice representar pero no garantizó su presencia, ni siquiera les notificó que habían acusado (¿todo eso es casual…?). 

Hay más, La abogada defensora particular declara públicamente que no la dejaron entrar a la audiencia y los que contralan el acceso al “palacio de injusticia” le informaron que no era necesaria (aunque sí garantizaron que estuviera por ella una defensa de oficio). A los medios que incomodan con sus preguntas, el juez “imparcial” tampoco los dejó que cubrieran la audiencia “oral y pública” según la ley, (porque se siente más cómodo con los medios de la familia ja!!!). 

Para garantía de lo calculado, el acusado aparece platicando cómodamente con los medios invitados a la pantomima de justicia. Y, se fijaron que los operadores lo vistieron con una pieza parecida a la del día de los disparos (sólo el gorro). Es tan burdo el final de este crimen, como seguro es que estamos frente a otra conspiración contra la verdad. (Ver reportaje en La Prensa del martes 8 de septiembre). 

Observando las palabras de Daniel Ortega, debemos alegrarnos que su muchacho disparó sin malas intensiones. Estamos avisados: No quedaría piedra sobre piedra en caso contrario. 

En el 36 aniversario de la Policía, no habló el Jefe de Estado y de gobierno… habló el jefe supremo de esos muchachos.