DERECHO A LA VERDAD, DERECHO A LA JUSTICIA

Sin la verdad, la justicia es una farsa o cualquier cosa. Que un caso llegue ante un juez no equivale, per se, realización del derecho a la justicia, por mucha razón que tengamos. Si la verdad sobre un hecho no logró la dicha de judicializarse, la reparación integral del daño causado por una ofensa se traduce o reduce a un engaño y los más probable es que la garantía de no repetición sea una ilusión o un legítimo deseo burlado por la impunidad.

La impunidad representa una autorización para que los violadores de derechos humanos sigan haciendo de las suyas. Un criminal que por sus conexiones con el poder, no recibe la sanción en proporción a la gravedad del delito cometido, seguirá actuando con desprecio a la sociedad, por cuanto para él no existe ninguna ley que en los hechos se lo impida. 

El crimen sin castigo, es un desprecio a la vida, a los derechos humanos. Por eso resulta de vital importancia la existencia y vigencia efectiva de un régimen jurídico de derechos, donde la ley sea sinónimo de derechos. Las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos es una histórica problemática sin solución definitiva de la que aún pagamos consecuencias con víctimas, ciudadanía y defensores en lucha que no nos resignamos a convivir con ese flagelo con la lógica de “no meternos a problemas”. 

La mayoría de nuestros países padecieron de dictaduras militares, superadas, se supone, por “el retorno a la democracia”, en las que siguen pendiente de justicia crímenes contra los derechos humanos como: La vida, la libertad individual, la integridad personal. Por el contrario persisten prácticas de torturas, desapariciones y ejecuciones arbitrarias, independientemente que ya no sean con la misma dimensión de las décadas pasadas. En muchos de los crímenes ha prevalecido la impunidad de hecho o mediante las concesiones de amnistías e indultos, porque a los poderosos de todos los signos pocas veces los alcanza la cárcel para pagar por sus responsabilidades. 

Al respecto hemos escuchado que eso ha sido así por el bien común, la paz y la gobernabilidad… esa ha sido la garantía de los impunes, mientras miles de víctimas y familiares de casi todo el continente y más allá, esperan la verdad, ocultada y olvidada por la memoria oficial que defiende el Statu Quo. Por eso en la actualidad, hablar de la Ley y el Orden es en la práctica la estabilidad del poder, vacío de contenido esencial, donde los derechos humanos no son la razón de ser del Estado y gobierno. Por ende, en ese tipo de Estado una sociedad no puede gozar a plenitud de sus derechos, como la paz, la justica y la libertad.

El derecho a la verdad y el acceso a la justicia se discute y reclama en todas las esferas públicas, siendo en los casos criminales los de mayor gravedad, sin restar importancia por ejemplo a un trabajador o trabajadora que no logra que le paguen su caso “ganado” en juicio, simple y llanamente porque el señor patrón es de esos intocables y cercano al poder de turno; o los despojos de propiedades por parte de viejos y nuevos poderosos y sus allegados, como las invasiones a tierras indígenas, con asesinatos en la impunidad.

El Estado está obligado a investigar para descubrir la verdad a la que tienen derecho víctimas y familiares. Esa obligación y derecho incluye que sea una investigación exhaustiva, inmediata, creíble e imparcial. Los estados deben garantizar las debidas diligencias de investigación. Para lo cual no cabe la excusa de: No tenemos vehículos, no tenemos gasolina y todos los cuentos que agentes del Estado alegan cuando no están cumpliendo su obligación de buscar la verdad para que se haga justicia por parejo, independiente de que víctimas o victimarios sean o no gente VIP.

En Nicaragua la supuesta incapacidad para esclarecer un caso concreto, se contradice en los hechos cuando observamos operativos desmedidos para atrapar a personas de interés para los poderosos, cuya persecución en no pocas veces es por las mismas razones económicas y políticas que impiden se le haga justicia a muchos. 

Una investigación objetiva debe determinar las causas, formas, motivaciones del crimen, las personas responsables sea material e intelectual y cuando se trata de cuerpos como la policía o militares, debe establecerse la responsabilidad sobre la base de la jerarquía. Si los agentes del Estado han hecho uso indiscriminado y desproporcionado de sus armas de fuego, con resultados graves para la integridad y la vida de las personas, se debe establecer no sólo quiénes dispararon en el terreno, sino quienes ordenaron el operativo y quiénes dieron la orden de disparar, porque los cuerpos armados se rigen bajo principios de orden, mando y obediencia, independientemente de que la última no exime al agente del Estado o soldado de su responsabilidad.

Dicho lo anterior creo que podemos deducir o encontrar las explicaciones (no justificación) del por qué en Nicaragua hay incontables crímenes en la impunidad, recientes y pasados, sean asesinatos, ejecuciones, desapariciones, torturas, violaciones, asaltos con y sin metralletas, crímenes todos con el común denominador de impunidad de hecho o con el disfraz de la legalidad, con juicios simulados que evidencian el ridículo de una administración de justicia que se jacta de independiente, eficaz y de las mejores, similar al cuento del país más seguro.

Esa es la realidad de las víctimas de diversas masacres y ejecuciones recientes, como el bombazo de Pantasma. La masacre de Las Jaguitas nos ilustra esa pantomima, burla de la justicia o payasada como la denominó oportuna y acertadamente la señora Yelka Ramírez, sobreviviente de la misma. Exactamente en este crimen de Estado se observan las características de la impunidad antes anotadas: “Agentes encargados de hacer cumplir la Ley”, con preparación especial para el empleo de fuerza y armas de fuego como el Ak (como si fuera acción de guerra), con casi 50 impactos de balas en el vehículo que trasladaba a la familia Reyes Ramírez con tres asesinados (dos niñas y una joven). Acabaron con sus proyectos de vida.

Una acusación dirigida a minimizar las responsabilidades del crimen, casi que terminan culpables las víctimas porque los asesinos “creyeron” que su jefe estaba siendo atacado por Yelka y su esposo Milton. En fin como este caso es ampliamente conocido se puede resumir en que se trata de un crimen organizado desde el Estado, con jefes que ordenaron matar a alguien y después salieron con que fue por error. Un caso que se llevó al juzgado pero que no se hizo justicia porque de la verdad solo hemos conocido lo que han contado los sobrevivientes.

Un crimen de Estado que está quedando en la impunidad disfrazada con sentencia judicial en la que todos sus operadores se confabularon para minimizarlo, donde los nueve acusados se declararon culpable no por casualidad, sino precisamente para esconder la verdad, de la que no se habló porque no hubo juicio y con ello no se hable más.

A una familia que ha sido ofendida por la muerte de un ser querido en manos de un agente del Estado o un criminal común, cuando se hace justicia precedida por la verdad, le representa una forma de comenzar a cerrar todo un ciclo o proceso angustioso e inhumano, es una de las formas para culminar el duelo. 

Consecuencia de todo crimen de este tipo está que el Estado asuma y pague los daños causados por sus agentes, como lo dicen instrumentos internacionales de DH, la Constitución de Nicaragua en su artículo 131 y el Código Penal; y la familia de Yelka no tiene por qué estar sometida a más sufrimientos y tener que hacer plantones en la entrada del edificio de la institución que masacró a sus tres seres queridos. El Estado debe pagar y a lo inmediato, eso parte de lo que se llama reparación, última que no es integral si no se conoce la verdad, por ende si no se hace justicia.

Según la jurisprudencia del sistema de protección de derechos interamericanos el Derecho a la Verdad, no estaba concebido expresamente en los instrumentos internacionales de DH. Ha sido elaborado (construido) mediante el proceso de estudio y resolución de casos con graves violaciones a derechos humanos. El derecho a la verdad está vinculado con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial (Artos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, 8 y 25 de la Convención y con el Derecho a la información.

Por eso y desde los primeros fallos sobre los crímenes relacionados a desapariciones forzadas y ejecuciones es que las sociedades de nuestro continente cuentan con mecanismos de protección que fortalecen esa larga lucha en busca de la verdad y la justicia, y por supuesto para lograr que nunca más esos abusos. Recomiendo el valioso Informe Sobre el Derecho a la verdad en América 2014  de la CIDH.

No puedo cerrar la presente reflexión sin reiterar mi reconocimiento a las familias de las víctimas que, como Yelka Ramírez han enfrentado su duelo, no quedándose conforme en su condición de víctimas, dándonos una lección extraordinaria, valiente y digna en la lucha por la verdad y la justicia, que incluye la reparación de los daños causados, para lo cual se exigen derechos y no el gesto de un gobierno caritativo que “ayuda con el dinero ajeno”. Lo menos que podemos hacer es acompañarles en su legítima demanda de reparación que no es igual a limosna. Merecen nuestra solidaridad activa.

Víctimas de la masacre, para que no olvidemos sus nombres como escribió un amigo: Aura Marina y José Efraín Reyes Ramírez, de 12 y 11 años, respectivamente y Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 años; hijos y hermana menor de Yelka, respectivamente. Con heridas graves Myriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años hija de Katherine, y Axel Reyes de 13 años, hijo de Yelka Ramírez, esposa de Miltón Reyes.

¿Sin Ley y sin Derechos?

Necesito llamar por teléfono a mi Abogado y a mi Embajada, dijo el Italiano Alberto Boschi, antes de ser expulsado de Nicaragua la noche del recién pasado lunes 12 de enero. Horas antes había sido detenido por agentes del Estado que, por su actuación, parecían secuestradores, pues cuando lo detuvieron no le mostraron ninguna orden de autoridad competente, papel ni chiquito ni grande, tampoco estaba cometiendo delito para justificar la persecución frente un flagrante delito (artículo 33 constitucional).

En el operativo, la mayoría andaban vestidos de civil, algunos uniformados de policías, y para no fallar en sus propósitos al momento de detenerlo gritaron: Esos son unos ladrones y narcotraficantes, logrando que más de alguna persona que presenció la acción dijera échenlos presos y denle duro… Con Boschi fueron detenidos también dos ciudadanos nicaragüenses. Encerrados en un área con temperatura para sentir y sufrir por lo frío.     

La respuesta al detenido que reclamó sus derechos fue: Vos no tenés Derecho, vas expulsado de Nicaragua y tenés prohibido entrar en los próximos cinco años. Que tengo una hija de nueve años en este país, no nos importa vos no tenés derechos acá en Nicaragua. Entonces entréguenme la resolución donde dicen que me echan de este país… La misma respuesta de los “agentes encargados de hacer cumplir la ley”. ¿Cuál Ley, Cuáles Derechos? Obviamente que en el caso concreto, la orden fue cumplida, aunque sin ley y arrasando los derechos del mencionado ciudadano. Fue parte de lo que contó Boschi desde Italia.

La Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, establece el derecho de Revisión y de Apelación para la Deportación y la Expulsión, según sea el caso. Para ambas decisiones se debe formular la respectiva resolución debidamente fundamentada (Arto 173), donde se demuestren las razones que dan lugar a cualquiera de dichas medidas, con derecho de ser oído, para no quedar en la indefensión, no es más que la garantía y derecho de un legal y debido proceso administrativo, que incluye asistencia legal y consular. Esto es Derecho y no está al arbitrario del poder concederlo o no.

El art. 11, de dicha ley referido a Derechos, dice: En Nicaragua, las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragüenses en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las limitaciones que establezca la Constitución Política y las leyes de la República. De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, el Estado nicaragüense respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Boschi entró el 23 de diciembre de 2015, por el Aeropuerto Internacional que lleva el nombre del ciudadano más representativo de nuestra dignidad y patriotismo: Augusto C. Sandino, internacionalista que conoció sobre el valor de la solidaridad y la importancia de la misma para los inmigrantes, pues Sandino fue uno de ellos.

Ahora bien, si el italiano tenía una causa legal, criminal pendiente, lo lógico era que lo detuvieran al momento de ingresar al país, si lo dejaron pasar normalmente todo indicaba que no había nada en su contra... Y si cometió algún delito después del 23 de diciembre estando en nuestro país, lo que cabía también es la acusación, es lo que corresponde en un país gobernado por el derecho, pero en Nicaragua nos gobierna la arbitrariedad y el autoritarismo, sin ley ni derecho.

Ese tipo de comportamiento no es único, ni tampoco original en Nicaragua, se trata de una actuación reiterada pero no pareja con todo mundo, aunque sí es responsabilidad de la pareja, ya que hay ciudadanos extranjeros tratados como amigos a quienes se les dispensa todo el cariño habido y por haber, tocados con guantes de seda, aunque en sus países tengan alguna cuenta pendiente.

En los últimos años, el Estado administrado por el gobierno de Daniel Ortega ha hecho de las suyas con extranjeros, echándolos del país sea por razones políticas o económicas, sin escatimar fuerzas en operativos que en un dos por tres han demostrado una eficacia policial que ni por cerca la exhiben con violadores de niñas y niños, asesinos de mujeres, agresores impunes por sus vínculos o poder político, económico y religioso.

Así estamos, esos son nuestros desafíos, si no cambiamos este actual y nefasto comportamiento, tendremos siempre una clase política gobernante corrupta y en sistemática violación a los derechos humanos de nicas y extranjeros, ah… bajo el alero del doble rasero, con las 3P: Plomo para los enemigos, plata para los amigos y palo para los indiferentes.

En nuestra decisión con ciudadanía activa y responsable está la posibilidad de no seguir aguantando los abusos.

2016: Perspectivas para el goce de nuestros derechos

Si por la víspera se saca el día, podemos imaginarnos escenarios y perspectivas para el 2016 que comienza, desde un enfoque de Derechos Humanos. Como me decía un cuñado que nos dejó hace tres años: Y qué asunto no es Derechos Humanos...? Pues bien, 2015 nos dejó el resurgimiento de la protesta social, con nuevos actores y nuevas caras con mucha vitalidad, sobre todo con mucha dignidad, como la de Doña Francisca Ramírez con miles de campesinos y campesinas movilizados en defensa de sus tierras, el lago y la soberanía, con su demanda legítima para que sea derogada la nefasta ley 840.

Otras expresiones de lucha social fueron la resistencia cívica, firme y digna de los defensores del ambiente y su comunidad en Rancho Grande, quienes por su lucha impidieron, por ahora, ser arrasados por la política de explotación minera extractiva, con toda y la miseria que la gente ha sufrido. El testimonio de centenares pobladores de esas comunidades nos enseña lecciones de organización auténtica y de que no todo está perdido. Para alcanzar esos resultados sufrieron todo tipo de presión y represión, pues los derechos no vienen como caja de regalo.

Por supuesto la lucha de los pobladores y trabajadores de mina El Limón con una extraordinaria resistencia al extremo de que la policía sitió el poblado para rendirlos y desistieran de sus legítimas demandas. Por el valor e impacto de esa lucha, Daniel Ortega  ordenó, sin tener facultad constitucional, la libertad de todos los que estaban ilegalmente detenidos en las cárceles destinadas para la tortura (el chipote), de donde salieron sentenciados con volver al encierro en caso de que denunciaran los atropellos.  A ello obedeció el agradecimiento para el mismo que hizo de verdugo y de gran benefactor.

También sufrieron cárcel los que demandan indemnización afectados con IRC entre ellos la única mujer Mariela Mendoza cuya madre María Peña, se movilizó y denunció permanentemente los abusos del régimen contra los chichigalpinos presos. En fin, merecen nuestro reconocimiento esas expresiones de dignidad como la que nos ofrecieron centenares de mujeres de mina El Limón que mantuvieron la resistencia en tiempos que los hombres huían de la cacería gubernamental a cargo de la policía política.

El año 2015 fue de malas señales para los DDHH con atentados contra la vida, como el denominado Bombazo en Pantasma, en el primer mes del año, sin esclarecimiento oficial pero popularmente comentado que se trató de una operación militar dirigida a eliminar a un pequeño grupo de armados. 

Otra dos masacres evidencian la gravedad del pasado año: La de las Jagüitas donde una tropa especial de policías acabó con la vida de tres inocentes, dos niños y una joven, hermana e hijos de Yelka Ramírez mujer que en medio del dolor, con valentía y sin descanso enfrentó su duelo exigiendo justicia, denunciando la burla de que fue víctima su familia. Una masacre tratada con guantes de seda que los operadores de justicia usan para un tipo de criminal, atenuando la gravedad de los hechos.

La otra masacre fue la que acabó con la vida de cinco policías en Punta Gorda, entre ellos tres voluntarios sin la adecuada preparación para enfrentar las exigencias de una actividad criminal que por sus resultados demostró ser superior. Obviamente de eso no se habla y por eso es que de ambas masacres no supimos toda la verdad, además del trato diferenciado, privilegiado e inconstitucional para los acusados y condenados.

En materia de justicia e institucionalidad destacan los abusos policiales, denunciados permanentemente en las organizaciones defensoras de DDHH, con su ya cotidiana práctica de cárcel ilegal, prolongada y bajo tortura, con unos jueces que convalidan los abusos “legalizando” lo que la constitución prohíbe, con todo y su atrofia; al extremo de jueces que se declaran enfermos sin estarlo y solo firman lo que les ordenan, con Recursos de Exhibición Personal ineficaces, cuyos jueces de ejecución ni los dejan entrar a las cárceles, quedando más en ruina la institucionalidad.

Como el régimen ve posibilidades de riesgos para su poder absolutamente concentrado en la pareja, aumentó la represión en la proporción de los síntomas de rebelión. Como si fuera poco aprobó otra nefasta ley, la de Seguridad Soberana, de la que hablé en el tema anterior y que redunda en aumentar el poder para el control social y sus consecuencias para los derechos humanos.   

Al inicio me referí a la víspera, este año según calendario toca votar, pero en el sistema electoral que hemos aguantado desde hace rato, ya no se elige. No obstante, los aspirantes a sustituir al estado de cosas, se están animando por la ola de cambios en nuestro continente y se puede presumir que en materia del derecho político a elegir y ser electo, la lucha se podría tornar más movida, ojalá que así sea y sin violencia. 

¿Permitirá el régimen elecciones libres universales y transparentes? ¿Se arriesgará a hacerlas limpias a sabiendas de los resultados negativos para los hermanos bolivarianos de Venezuela? ¿Los partidos se constituirán en una real opción que nos encamine hacia un escenario de libertad sin restituir los viejos males, incluidos los cometidos por los actuales gobernantes?. ¿O nos impondrán la sopa de siglas de partidos al servicio del sistema de favores que acostumbra el orteguismo.?

Los escenarios pueden variar y creo que puede ser una oportunidad para el fortalecimiento de la ciudadanía individual y colectiva que redunde en una saludable movilización que no reedite “más de lo mismo”. Nuestra dignidad debe incluir tener un gobierno honrado cuyos inquilinos no se  conviertan en los nuevos ricos contra un pueblo empobrecido que clama por derechos y que éstos dejen de ser manipulados como favores.

Carlos Fonseca Amador, máximo dirigente del FSLN, caído en noviembre de 1976, en uno de sus pensamientos difundidos dijo: …No se trata de un simple cambio de hombres en el poder, sino de sistema la victoria de las clases explotadas y la derrota de las clases explotadoras… Obviamente quedó lejos ese ideal, porque ahora se trata de un sistema dominante que habla bastante en nombre de los pobres pero con una alianza estratégica entre la vieja y nueva oligarquía, entre viejos y nuevos ricos, para los cuales todo va muy bien y nada que cambiar.

Las elecciones por sí misma no lo van a cambiar todo, pero es el comienzo, mal haríamos creer que los que están arriba se irán fácil, es más tengamos presente que en estos 10 años han acumulado un poder político y económico que trasciende al acto electoral, por eso es que se han estado prepeando, para no pegar carreras y repetir lo que ocasionó la derrota del 90 y para no pasar por los apuros y angustias que ahora viven en Venezuela. 

Nuestro desafío es ejercer una ciudadanía que no siga indiferente frente el abuso, el robo, la corrupción, la injusticia que ahora nos desgobierna sin rendición de cuentas y con absoluta impunidad. Nicaragua y su pueblo no merecen un gobierno que confunde los asuntos públicos con los intereses privados y familiares. 

No debemos tolerar como normal que el presupuesto, la cooperación y los bienes del país sean administrados como hacienda personal. No debemos seguir tolerando que la constitución y las leyes sean manoseadas al antojo de los que gobiernan en nombre de nosotros y nosotras. 

La candidatura que nos resuelva esos dilemas y desafíos tiene por anticipado mi voto... Ah en ciudadanía activa por supuesto, que no agarren vara.