DERECHO A LA VERDAD, DERECHO A LA JUSTICIA

Sin la verdad, la justicia es una farsa o cualquier cosa. Que un caso llegue ante un juez no equivale, per se, realización del derecho a la justicia, por mucha razón que tengamos. Si la verdad sobre un hecho no logró la dicha de judicializarse, la reparación integral del daño causado por una ofensa se traduce o reduce a un engaño y los más probable es que la garantía de no repetición sea una ilusión o un legítimo deseo burlado por la impunidad.

La impunidad representa una autorización para que los violadores de derechos humanos sigan haciendo de las suyas. Un criminal que por sus conexiones con el poder, no recibe la sanción en proporción a la gravedad del delito cometido, seguirá actuando con desprecio a la sociedad, por cuanto para él no existe ninguna ley que en los hechos se lo impida. 

El crimen sin castigo, es un desprecio a la vida, a los derechos humanos. Por eso resulta de vital importancia la existencia y vigencia efectiva de un régimen jurídico de derechos, donde la ley sea sinónimo de derechos. Las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos es una histórica problemática sin solución definitiva de la que aún pagamos consecuencias con víctimas, ciudadanía y defensores en lucha que no nos resignamos a convivir con ese flagelo con la lógica de “no meternos a problemas”. 

La mayoría de nuestros países padecieron de dictaduras militares, superadas, se supone, por “el retorno a la democracia”, en las que siguen pendiente de justicia crímenes contra los derechos humanos como: La vida, la libertad individual, la integridad personal. Por el contrario persisten prácticas de torturas, desapariciones y ejecuciones arbitrarias, independientemente que ya no sean con la misma dimensión de las décadas pasadas. En muchos de los crímenes ha prevalecido la impunidad de hecho o mediante las concesiones de amnistías e indultos, porque a los poderosos de todos los signos pocas veces los alcanza la cárcel para pagar por sus responsabilidades. 

Al respecto hemos escuchado que eso ha sido así por el bien común, la paz y la gobernabilidad… esa ha sido la garantía de los impunes, mientras miles de víctimas y familiares de casi todo el continente y más allá, esperan la verdad, ocultada y olvidada por la memoria oficial que defiende el Statu Quo. Por eso en la actualidad, hablar de la Ley y el Orden es en la práctica la estabilidad del poder, vacío de contenido esencial, donde los derechos humanos no son la razón de ser del Estado y gobierno. Por ende, en ese tipo de Estado una sociedad no puede gozar a plenitud de sus derechos, como la paz, la justica y la libertad.

El derecho a la verdad y el acceso a la justicia se discute y reclama en todas las esferas públicas, siendo en los casos criminales los de mayor gravedad, sin restar importancia por ejemplo a un trabajador o trabajadora que no logra que le paguen su caso “ganado” en juicio, simple y llanamente porque el señor patrón es de esos intocables y cercano al poder de turno; o los despojos de propiedades por parte de viejos y nuevos poderosos y sus allegados, como las invasiones a tierras indígenas, con asesinatos en la impunidad.

El Estado está obligado a investigar para descubrir la verdad a la que tienen derecho víctimas y familiares. Esa obligación y derecho incluye que sea una investigación exhaustiva, inmediata, creíble e imparcial. Los estados deben garantizar las debidas diligencias de investigación. Para lo cual no cabe la excusa de: No tenemos vehículos, no tenemos gasolina y todos los cuentos que agentes del Estado alegan cuando no están cumpliendo su obligación de buscar la verdad para que se haga justicia por parejo, independiente de que víctimas o victimarios sean o no gente VIP.

En Nicaragua la supuesta incapacidad para esclarecer un caso concreto, se contradice en los hechos cuando observamos operativos desmedidos para atrapar a personas de interés para los poderosos, cuya persecución en no pocas veces es por las mismas razones económicas y políticas que impiden se le haga justicia a muchos. 

Una investigación objetiva debe determinar las causas, formas, motivaciones del crimen, las personas responsables sea material e intelectual y cuando se trata de cuerpos como la policía o militares, debe establecerse la responsabilidad sobre la base de la jerarquía. Si los agentes del Estado han hecho uso indiscriminado y desproporcionado de sus armas de fuego, con resultados graves para la integridad y la vida de las personas, se debe establecer no sólo quiénes dispararon en el terreno, sino quienes ordenaron el operativo y quiénes dieron la orden de disparar, porque los cuerpos armados se rigen bajo principios de orden, mando y obediencia, independientemente de que la última no exime al agente del Estado o soldado de su responsabilidad.

Dicho lo anterior creo que podemos deducir o encontrar las explicaciones (no justificación) del por qué en Nicaragua hay incontables crímenes en la impunidad, recientes y pasados, sean asesinatos, ejecuciones, desapariciones, torturas, violaciones, asaltos con y sin metralletas, crímenes todos con el común denominador de impunidad de hecho o con el disfraz de la legalidad, con juicios simulados que evidencian el ridículo de una administración de justicia que se jacta de independiente, eficaz y de las mejores, similar al cuento del país más seguro.

Esa es la realidad de las víctimas de diversas masacres y ejecuciones recientes, como el bombazo de Pantasma. La masacre de Las Jaguitas nos ilustra esa pantomima, burla de la justicia o payasada como la denominó oportuna y acertadamente la señora Yelka Ramírez, sobreviviente de la misma. Exactamente en este crimen de Estado se observan las características de la impunidad antes anotadas: “Agentes encargados de hacer cumplir la Ley”, con preparación especial para el empleo de fuerza y armas de fuego como el Ak (como si fuera acción de guerra), con casi 50 impactos de balas en el vehículo que trasladaba a la familia Reyes Ramírez con tres asesinados (dos niñas y una joven). Acabaron con sus proyectos de vida.

Una acusación dirigida a minimizar las responsabilidades del crimen, casi que terminan culpables las víctimas porque los asesinos “creyeron” que su jefe estaba siendo atacado por Yelka y su esposo Milton. En fin como este caso es ampliamente conocido se puede resumir en que se trata de un crimen organizado desde el Estado, con jefes que ordenaron matar a alguien y después salieron con que fue por error. Un caso que se llevó al juzgado pero que no se hizo justicia porque de la verdad solo hemos conocido lo que han contado los sobrevivientes.

Un crimen de Estado que está quedando en la impunidad disfrazada con sentencia judicial en la que todos sus operadores se confabularon para minimizarlo, donde los nueve acusados se declararon culpable no por casualidad, sino precisamente para esconder la verdad, de la que no se habló porque no hubo juicio y con ello no se hable más.

A una familia que ha sido ofendida por la muerte de un ser querido en manos de un agente del Estado o un criminal común, cuando se hace justicia precedida por la verdad, le representa una forma de comenzar a cerrar todo un ciclo o proceso angustioso e inhumano, es una de las formas para culminar el duelo. 

Consecuencia de todo crimen de este tipo está que el Estado asuma y pague los daños causados por sus agentes, como lo dicen instrumentos internacionales de DH, la Constitución de Nicaragua en su artículo 131 y el Código Penal; y la familia de Yelka no tiene por qué estar sometida a más sufrimientos y tener que hacer plantones en la entrada del edificio de la institución que masacró a sus tres seres queridos. El Estado debe pagar y a lo inmediato, eso parte de lo que se llama reparación, última que no es integral si no se conoce la verdad, por ende si no se hace justicia.

Según la jurisprudencia del sistema de protección de derechos interamericanos el Derecho a la Verdad, no estaba concebido expresamente en los instrumentos internacionales de DH. Ha sido elaborado (construido) mediante el proceso de estudio y resolución de casos con graves violaciones a derechos humanos. El derecho a la verdad está vinculado con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial (Artos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, 8 y 25 de la Convención y con el Derecho a la información.

Por eso y desde los primeros fallos sobre los crímenes relacionados a desapariciones forzadas y ejecuciones es que las sociedades de nuestro continente cuentan con mecanismos de protección que fortalecen esa larga lucha en busca de la verdad y la justicia, y por supuesto para lograr que nunca más esos abusos. Recomiendo el valioso Informe Sobre el Derecho a la verdad en América 2014  de la CIDH.

No puedo cerrar la presente reflexión sin reiterar mi reconocimiento a las familias de las víctimas que, como Yelka Ramírez han enfrentado su duelo, no quedándose conforme en su condición de víctimas, dándonos una lección extraordinaria, valiente y digna en la lucha por la verdad y la justicia, que incluye la reparación de los daños causados, para lo cual se exigen derechos y no el gesto de un gobierno caritativo que “ayuda con el dinero ajeno”. Lo menos que podemos hacer es acompañarles en su legítima demanda de reparación que no es igual a limosna. Merecen nuestra solidaridad activa.

Víctimas de la masacre, para que no olvidemos sus nombres como escribió un amigo: Aura Marina y José Efraín Reyes Ramírez, de 12 y 11 años, respectivamente y Katherine Ramírez Delgadillo, de 22 años; hijos y hermana menor de Yelka, respectivamente. Con heridas graves Myriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años hija de Katherine, y Axel Reyes de 13 años, hijo de Yelka Ramírez, esposa de Miltón Reyes.