viernes, 15 de enero de 2016



¿Sin Ley y sin Derechos?
Necesito llamar por teléfono a mi Abogado y a mi Embajada, dijo el Italiano Alberto Boschi, antes de ser expulsado de Nicaragua la noche del recién pasado lunes 12 de enero. Horas antes había sido detenido por agentes del Estado que, por su actuación, parecían secuestradores, pues cuando lo detuvieron no le mostraron ninguna orden de autoridad competente, papel ni chiquito ni grande, tampoco estaba cometiendo delito para justificar la persecución frente un flagrante delito (artículo 33 constitucional).
En el operativo, la mayoría andaban vestidos de civil, algunos uniformados de policías, y para no fallar en sus propósitos al momento de detenerlo gritaron: Esos son unos ladrones y narcotraficantes, logrando que más de alguna persona que presenció la acción dijera échenlos presos y denle duro… Con Boschi fueron detenidos también dos ciudadanos nicaragüenses. Encerrados en un área con temperatura para sentir y sufrir por lo frío.     
La respuesta al detenido que reclamó sus derechos fue: Vos no tenés Derecho, vas expulsado de Nicaragua y tenés prohibido entrar en los próximos cinco años. Que tengo una hija de nueve años en este país, no nos importa vos no tenés derechos acá en Nicaragua. Entonces entréguenme la resolución donde dicen que me echan de este país… La misma respuesta de los “agentes encargados de hacer cumplir la ley”. ¿Cuál Ley, Cuáles Derechos? Obviamente que en el caso concreto, la orden fue cumplida, aunque sin ley y arrasando los derechos del mencionado ciudadano. Fue parte de lo que contó Boschi desde Italia.
La Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, establece el derecho de Revisión y de Apelación para la Deportación y la Expulsión, según sea el caso. Para ambas decisiones se debe formular la respectiva resolución debidamente fundamentada (Arto 173), donde se demuestren las razones que dan lugar a cualquiera de dichas medidas, con derecho de ser oído, para no quedar en la indefensión, no es más que la garantía y derecho de un legal y debido proceso administrativo, que incluye asistencia legal y consular. Esto es Derecho y no está al arbitrario del poder concederlo o no.
El art. 11, de dicha ley referido a Derechos, dice: En Nicaragua, las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragüenses en la Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las limitaciones que establezca la Constitución Política y las leyes de la República. De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, el Estado nicaragüense respeta y garantiza los derechos reconocidos en la Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción.

Boschi entró el 23 de diciembre de 2015, por el Aeropuerto Internacional que lleva el nombre del ciudadano más representativo de nuestra dignidad y patriotismo: Augusto C. Sandino, internacionalista que conoció sobre el valor de la solidaridad y la importancia de la misma para los inmigrantes, pues Sandino fue uno de ellos.
Ahora bien, si el italiano tenía una causa legal, criminal pendiente, lo lógico era que lo detuvieran al momento de ingresar al país, si lo dejaron pasar normalmente todo indicaba que no había nada en su contra... Y si cometió algún delito después del 23 de diciembre estando en nuestro país, lo que cabía también es la acusación, es lo que corresponde en un país gobernado por el derecho, pero en Nicaragua nos gobierna la arbitrariedad y el autoritarismo, sin ley ni derecho.
Ese tipo de comportamiento no es único, ni tampoco original en Nicaragua, se trata de una actuación reiterada pero no pareja con todo mundo, aunque sí es responsabilidad de la pareja, ya que hay ciudadanos extranjeros tratados como amigos a quienes se les dispensa todo el cariño habido y por haber, tocados con guantes de seda, aunque en sus países tengan alguna cuenta pendiente.
En los últimos años, el Estado administrado por el gobierno de Daniel Ortega ha hecho de las suyas con extranjeros, echándolos del país sea por razones políticas o económicas, sin escatimar fuerzas en operativos que en un dos por tres han demostrado una eficacia policial que ni por cerca la exhiben con violadores de niñas y niños, asesinos de mujeres, agresores impunes por sus vínculos o poder político, económico y religioso.
Así estamos, esos son nuestros desafíos, si no cambiamos este actual y nefasto comportamiento, tendremos siempre una clase política gobernante corrupta y en sistemática violación a los derechos humanos de nicas y extranjeros, ah… bajo el alero del doble rasero, con las 3P: Plomo para los enemigos, plata para los amigos y palo para los indiferentes.
En nuestra decisión con ciudadanía activa y responsable está la posibilidad de no seguir aguantando los abusos.

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