Entre la Ley y la realidad

“El Estado soy yo”

Expresión atribuida al régimen absoluto representado por el Rey Luis XIV

El problema fundamental de Nicaragua no es la ausencia de leyes, el peor de los males que sufrimos, es la imposición de los que han asaltado al país aplicándolas a su antojo, imitando los viejos tiempos que se suponen superados por el constitucionalismo contemporáneo.

El fin de semana recién pasado leí una entrevista que ofreció un experto en Derecho de visita por nuestro país, quien compartió sus opiniones sobre la falta de una ley que regule el derecho de manifestación en Nicaragua, derecho constitucional reiteradamente violado por los agentes del Estado y sus fuerzas de choque, particularmente en los últimos 8 años.

Es de conocimiento público cómo, quienes hablan hasta la saciedad de restitución de derechos, en la práctica lo niegan con los hechos, pretendiendo que nos resignemos y aceptemos que sólo una parte del país tiene derecho a circular libremente por todo el territorio, sea individual o en manifestación para expresar opinión sobre cualquier asunto de interés ciudadano.

En ese sentido es importante tener presente que la Constitución Política de la República de Nicaragua, es norma jurídica de aplicación directa y ella reconoce el derecho político de manifestación, que tenemos todos y todas, como expresión y ejercicio de ciudadanía. Al respecto, el Estado debe abstenerse de realizar acciones que impidan su realización, más bien debe propiciarlo superando los obstáculos y proteger a quienes sean atacados ilícitamente por promoverlas. 

Cualquier ley que trate sobre dicho derecho, nunca puede ser contraria al espíritu de la Constitución ni a lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; principalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros, expresamente señalados en el artículo 46 constitucional. 

   

Una cosa es la Ley y otra es la cruda realidad. También es importante tener presente que no toda ley es sinónimo de derechos humanos, por el contrario hay unas que son exclusiva voluntad del poder, dirigidas a impedir la realización de los mismos, leyes regresivas, opresivas e inconstitucionales contra las que hemos recurrido, sin recibir la protección judicial por parte de una corte carente de independencia. Bastan los siguientes ejemplos: 

Recurso contra la Ley que penaliza el aborto terapéutico, con 8 años de silencio de la CSJ, mientras tanto muchas niñas víctimas de violación que entre otras consecuencias son condenadas a sufrir embarazos y que el sistema las llama madres con relaciones precoces. 

Recurso contra la Ley 840, que amenaza con despojar masivamente a campesinos, con el cuento del gran canal y que la CSJ en corto tiempo resolvió a favor de la ignominia y el Recurso contra el Reglamento Presidencial de la Ley 779 que prácticamente cercena la finalidad de proteger a las mujeres y niñas para que vivan libres de violencia. Tres ejemplos de leyes perniciosas que NO regulan derechos sino que los violan.

La esencia de ese estado de cosas está en la destrucción de la institucionalidad que no atiende, ni constitución, ni instrumentos internacionales de Derechos Humanos, ni ley alguna que detenga la desenfrenada concentración de poder que solo es superado por el absolutismo de los antiguos regímenes donde eran pocos los mitad libres y muchos los sometidos.

Si de orden y legalidad se trata, Daniel Ortega no hubiese sido candidato a la Presidencia en el 2011 porque expresa y claramente la Constitución lo prohibía y fue gracias a una perversa sentencia de la Corte Suprema quien lejos de hacer justicia, nos asaltó sin metralleta.

Si de orden y legalidad se trata, la Constitución en su artículo 33 ordena que la libertad no puede ser objeto de acciones arbitrarias, que solo por orden expresa de autoridad competente o en flagrante delito se puede detener a cualquier persona y que en caso de detención legal, en 48 horas deben ponerla a la orden de autoridad competente, con la acusación respectiva. 

Son incontables las víctimas a las que los abusadores del poder les han violado la libertad sin que hasta ahora paguen por semejante daño. Pueden ver mis temas anteriores en que abogo por esos derechos. 

Si de orden y legalidad se trata, los detenidos no serían sustraídos de su juez natural competente, acusándolos ilegalmente en Managua y encerrados en el chipote para “encontrar la verdad” a punta de tortura, sin derecho siquiera de denunciarlo porque de hacerlo arriesgan con retorno al sufrimiento.

Si de orden y legalidad se trata, todos los crímenes, masacres contra cualquier ser humano, serían investigados, acusados, procesados y con sus correspondientes condenas en igualdad de condiciones y no determinadas por las relaciones de las víctimas o los criminales, como fue el caso de la masacre del Carrizo, cuyos asesinos ya están libres.

Si de orden y legalidad se trata, los asesinos, violadores de niñas y narcotraficantes pagaran cárcel por igual y no como ahora, con algunos bien tratados con el beneficio de operadores que lejos de ser justos condenan al país a vivir y sufrir impunidad.

Y, si el orden y las leyes nos niegan los derechos humanos, nos queda el derecho de hacer uso del supremo recurso a la rebelión contra la tiranía y la opresión, independiente de las pretensiones ilegítimas de la ley de seguridad soberana, también inconstitucional y dirigida a perpetuar a la dinastía. 

Siempre de todas y todos depende que los abusadores del poder no se salgan con la suya; no vaya a ser que nos disminuyan a todititos en esa “simpática” definición de medio libres e híbridos. 

Los Derechos Humanos son de todos y todas y defenderlos también es un derecho, universalmente reconocido.