Para marchar y luchar no se necesita permiso

Protestar es un derecho, reprimirla es un delito

A propósito de la marcha nacional convocada por el Consejo Nacional en Defensa de nuestra Tierra, Lago y Soberanía, a realizarse este 22 de abril en Nueva Guinea; una vez más, por ende no es noticia, la Policía Nacional reitera la mala práctica de hacerse la desentendida con relación a la petición hecha por la dirigencia nacional de dicha protesta, para que las autoridades de policía protejan a los manifestantes a fin de que no se les ataque por expresarse contra el proyecto que amenaza con despojarlos de sus tierras.

El Artículo 54 de nuestra constitución política expresa que: “Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley”. Ahora bien, la parte final de este artículo constitucional “de conformidad con la ley” no quiere decir que la autoridad esté facultada para impedir la realización del derecho mismo, por el contrario el Estado y los agentes vinculados al tema deben estar obligados a propiciarlo.

Ninguna ley puede establecer por ejemplo, requisitos que impidan en la práctica la posibilidad de manifestarse, de protestar porque hacerlo es negar Derecho. Los Estados Constitucionales y Democráticos gozan de mejor salud y se retroalimentan cuando cuentan con una ciudadanía en ejercicio.

En ese sentido, cabe la afirmación de que protestar es un derecho y reprimir es un delito. Bajo éste último título, así como en el tema Entre la Ley y la realidad, comparto en mi blog opiniones sobre la protesta, la Ley y el Derecho (los invito a leerlos).

Con la presente reflexión lo que pretendo es enfatizar la importancia de que todas y todos nos apropiemos del derecho político que nos asiste por igual y que para realizar un derecho NO necesitamos pedir permiso, mucho menos pedirlo como un favor. Recordemos que los favores se agradecen y se pagan. Es justo lo que hacen los de arriba.

La esencia de los Derechos Humanos es que no deben estar supeditados a ningún capricho ni a la arbitrariedad de los empleados públicos; éstos pierden su razón de ser cuando violan nuestros derechos y si se tratara de favores, agradecidos debieran estar ellos que los hemos aguantado tanto.

Es obvio que en la realización de concentraciones, manifestaciones o marchas, las  autoridades deben adoptar medidas relacionadas a la seguridad para el desarrollo de ese derecho de manifestación. En tanto la movilización ciudadana no es sinónimo de delito, los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben protegerla frente a los ataques que sí son ilícitos. Cuando se limitan a observar, los policías se constituyen en un atacante más.

Poner en conocimiento a la autoridad tiene por lógica que la ciudadanía se exprese con la tranquilidad de contar con agentes del Estado que no tienen más motivaciones que cumplir sus funciones, respetando el orden constitucional y los derechos Humanos.

El Derecho Político establecido en el artículo 54 constitucional no debe estar a merced de otros grupos, por muy mayoría que sean, ésta ha sido la práctica abusiva en los últimos años, permitida, consentida por la Policía y organizada desde el poder que la subordina.

La marcha nacional del 27 de octubre de 2015 fue ampliamente conocida, los ataques contra los campesinos y ciudadanía que les apoyó fue la tónica, la Policía lejos de actuar como institución nacional, una vez más se sometió a las fuerzas partidarias que se desplazaron libre e impunemente por las calles de Managua y otras partes del país, para impedir de hecho el derecho de manifestación.

Por la coincidencia entre la Policía y esas fuerzas de choque, uno se pregunta si las autoridades refuerzan esas acciones criminales o si sus hermanos de partido refuerzan a ellas… El punto es que no tenemos porque aceptar esa forma malvada de hacer gobierno, con una Policía que actúa como entidad política partidaria totalmente al margen de la Constitución y los Derechos Humanos.

A pesar de los incontables obstáculos y acciones estatales, así como las partidarias contra la marcha del 27 de octubre, el Estado de Nicaragua en un informe especial que envió a la ONU señaló que desconocía la ruta de dicha protesta, que no contaba con permiso, etc., pero hay más ignominia:

Que quienes agredieron a manifestantes en la Rotonda de Bello Horizonte, fueron unos desconocidos que cubrían sus rostros y por eso no se podía esclarecer el delito, faltando a la verdad porque dicho crimen fue cometido con la presencia de los agentes policiales que tenían un control absoluto sobre las vías, permitiendo el desplazamiento de motorizados a los que después “no pudo identificar”, como siempre ni ellos mismos creen semejante farsa.

Veremos qué hace la Policía en la próxima marcha de este viernes 22 de abril en curso: O protege la realización constitucional y legítima de los campesinos que defienden no solo sus tierras sino también la dignidad de Nicaragua, o reitera lo que ya no es noticia: Ser una policía política partidaria yéndose y actuando al lado de las fuerzas impunes, con lo cual le hacen un grave daño a la sociedad y por supuesto a la Policía…

Solo un recuerdo que es historia: Se imaginan que los muchachos y muchachas hubieran pedido permiso para luchar en tiempos de aquella odiada dictadura... Seguramente algún descendiente de Somoza estuviera de Presidente.  

Sea cual sea la decisión que adopten los agentes del Estado y siendo que los campesinos tienen de su lado el Derecho y la razón, nos vemos en Nueva Guinea.

¡Derecho que no se defiende es Derecho que se pierde!