Día Internacional de la No violencia contra la Mujer

Defensoras de Derechos Humanos informando sobre la conmemoración de ese día

El Estado de Nicaragua, con sus prácticas regresivas y represivas, viola los Derechos Humanos de las mujeres y el orden jurídico nacional e internacional.

Bajo la inminencia del Huracán Otto, que en la madrugada de hoy ascendió a categoría 2, las mujeres de Nicaragua conmemoran en lucha, el día internacional de la no violencia contra ellas. Durante todo el día de hoy 24, el huracán recorrió y afectó a nuestro Caribe nicaragüense, cuyos efectos dañinos sufren por lo general los sectores más vulnerables, las comunidades empobrecidas, ancianos, mujeres y niñez.

Con respecto a la violencia, el Estado de Nicaragua, por acción y por omisión se ha convertido en el principal obstáculo y violador de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, para quienes los instrumentos internacionales que reconocen sus derechos, tienen un valor reducido, si no suprimido, por una práctica perniciosa.

Día Internacional de la no violencia contra las mujeres

25 de noviembre, es un día de movilización mundial de las mujeres y a favor de ellas, con hombres que las acompañamos en su lucha para vivir libres de violencia. En esta ocasión y después de muchos años de expresiones de calles, las defensoras en solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Otto, no marcharán como estaba previsto.

El 25 de noviembre pero de 1960, es la fecha en que la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, asesinó a las hermanas Mirabal (el año pasado escribí sobre ellas en: Las Mariposas de la Libertad).

El 17 de diciembre de 1999, a propuesta de República Dominicana la Asamblea General de la ONU, declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer (Resolución 54/134). Antes, (1981) se había declarado el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer. Así establecido en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá Colombia.

Antes y después de dichas fechas, la violencia contra las mujeres y la niñez se ha mantenido y muchos veces agravada por la conducta de los estados. En el caso de Nicaragua, se puede sostener que vamos en reversa, pues una cosa es la declaración formal y otra la realidad sufrida por muchas víctimas, incluso no reconocidas por el Estado quien deliberadamente minimiza la violencia bajo el argumento de ser común y no violencia de género y machista.

En nuestro país, es raro que alguna temática de Derechos Humanos se haya escapado a los abusos sistemáticos de los actuales gobernantes, es más con la llegada de ellos y sus 10 años ilegítimos en el poder se multiplicaron las violaciones. Eso sí, nos abruman de propaganda de que somos de los más felices del mundo y que las mujeres participan en el poder como nunca, para ello alegan que mandan 50 y 50.

La Convención Belem Do Pará y Ley 779

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violación Contra la Mujer (Ley en Nicaragua), en su artículo 1 dice: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

El Estado de Nicaragua ratificó la Convención Belem Do Pará en 1995, desde entonces es Ley de la República con plena vigencia. En consecuencia, sus disposiciones son de obligatoria aplicación por todos los agentes del Estado, cuyos mecanismos deben garantizar los derechos de las mujeres. Atendiendo el espíritu y dicha obligación internacional y luego de años de lucha del movimiento de mujeres y defensoras de los Derechos Humanos, en 2012 se aprobó la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres.

La Ley 779 no había cumplido dos años de su aplicación y desarrollo, cuando por la vía de hecho y mediante un inconstitucional Reglamento, el mismo Ejecutivo que aprobó la ley, prácticamente la dejó sin eficacia, reduciendo el concepto y alcance de la violencia de género, de tal forma que a las mujeres y niñas las siguen matando, según el Estado, no por su condición de mujeres y niñas, así lo dicen los mal llamados operadores de justicia en obediencia a una voluntad ajena y violatoria a lo que dispone el orden jurídico nacional e internacional.

Una mujer o una niña, es asaltada, violada y privada de la vida con saña y odio, sin ser suficiente para quienes aplican la ley calificando tales crímenes como delincuencia común, es más de cuando en cuando y sin dignidad alguna se atreven a cerrar y “esclarecer” los casos con la conclusión “sin motivación”, solo que murieron, que las asesinaron, cuando mucho “el móvil fue para robarle”.

Concepción machista de clasificar la violencia contra las mujeres y las niñas, la distinguimos en el siguiente ejemplo: En los crímenes contra hombres, realizados por hombres que los asaltan y les quitan la vida, ¿A cuántos violan? Lo común es que no se conoce ese modus criminal o las autoridades no nos informan.

Defensoras en Plaza El Sol, exigiendo protección a los DDHH de las mujeres

Días antes del 25 de noviembre, defensoras de DDHH de las mujeres, realizaron una marcha desde la UCA hacia la sede central de la Policía Nacional. En la imagen observamos una representación de las mujeres y niñas asesinadas, exigiendo al Estado de Nicaragua que no siga ignorando deliberadamente la existencia de la violencia de género, como el femicidio, 

La muerte violenta de mujeres y niñas, antecedida y agravada por violencia sexual, sea en sus hogares o en la calle, es precisamente por su condición de mujeres, esos son crímenes y violencia de género. La calificación practicada por el Estado es entonces una forma de ejercer violencia institucional y machista, echando al cesto de la basura lo establecido en los compromisos internacionales.

Para remate y no dejarnos dudas, desaparecieron las comisarías de la mujer (violando la propia Ley de Policía), establecidas como especialidad en consonancia con la prevención y prevención integral. Con todas sus dificultades brindaban un tratamiento a las víctimas que se aproximaba al espíritu de la Convención Belem Do Pará.

El gobierno, contrario a lo que dice en sus campañas bonitas, viola la Constitución Política y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, la arremete contra dichos instrumentos, eso sí con un lenguaje lleno de “amor, reconciliación y unidad familiar”, aunque en la práctica existen hogares destruidos por “los delitos leves”, así considerada la violencia por los operadores para justificar su negativa de persecución y de protección integral, cuya elocuente demostración de irresponsabilidad estatal fue la liberación de los 8000 privados de libertad, entre los cuales estaban “agresores leves de mujeres y niñas” según decisión y lenguaje gubernamental.

A propósito de las bondades y la magia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ayer escuché la noticia que da cuenta de cómo se han reducido los femicidios y lo eficaz que resultan las charlas y consejería familiar, sobre control de la ira… y etc.

Qué desgracia la de la muchacha cuyo femicida le quitó la vida con 17 puñaladas molesto porque ella usaba celular. A este asesino de mujeres, ahora confeso, no le hizo efecto esa bondadosa consejería o no lograron controlar su odio hacia las mujeres. Sería bueno que multipliquen esa mágica fórmula de reducir los datos, y que se los expliquen a las familias y huérfanos de la violencia machista ignorada por el Estado y sus magos “operadores de justicia”.

Abrazo solidario a las mujeres afectadas por el huracán Otto, las que con sus niños y niñas asumen las principales responsabilidades en este tipo de desastres.

Viva el recuerdo de lucha y dignidad de las hermanas Mirabal

Viva la memoria de las víctimas invisibilizadas por el Estado y Gobierno de Nicaragua

No a la violencia contra las mujeres y niñas