Los daños y perjuicios que nuestra justicia no ve

“Iura novit curia” (El juez conoce el Derecho)

Si la justicia se mide con una balanza en equilibrio, controlada por un poder judicial independiente, podemos tener idea de cómo debería aplicarse el Derecho en nuestra Nicaragüita. Si la ley, en los casos concretos se aplica por selección y discriminación esos operadores “hacen justicia” como francotiradores.

En ese sentido, es preciso considerar de entrada que la Suprema Corte sentenció que Daniel Ortega se podía reelegir en 2011 contra Constitución expresa, dado que el Art. 147 lo prohibía. Esa perla de sentencia certifica la calidad de la justicia.

No obstante, desde antes de esa decisión inconstitucional y mucho peor ahora, la rareza es que hayan jueces que dicten sentencias contra los intereses del círculo de poder que pernocta en El Carmen. Por ello es fácil entender que hay causas y daños que duran años sin jueces y tribunales que lo sientan o lo vean, es la sombra de don poder que los mantiene en el cargo.

El Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP), establecen que los daños materiales y morales en virtud de hechos delictivos o faltas, deben ser pagados por quien ofende. Veamos lo que dice al respecto el artículo 114 CP “la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados…”. Lo anterior es además del cumplimiento de la responsabilidad penal.

La presente reflexión está relacionada precisamente a las sentencias condenatorias, en la vía penal, donde la justicia opera por selección y exclusión; la excepción es la norma y “se hace justicia” con operadores que actúan más como francotiradores que como funcionarios del Estado encargados de hacer cumplir la ley por parejo.

Con una Fiscalía que acusa, el Juez sentenciador que aplica el Derecho imponiendo las penas y otros operadores, la justicia no brilla para montones de víctimas de graves delitos contra la vida, la integridad sexual y psicológica, entre otros. Hay víctimas que tienen que lidiar solas o mal acompañadas para que les paguen los daños y perjuicios.

En la memoria de las victimas sobrevivientes, en la de sus familiares, en los de la ya larga lista de las víctimas provocadas por los agentes del Estado, campea la impunidad de hecho o la “legalizada”, muchos ni siquiera logran “la correspondiente sentencia penal”, mucho menos que les paguen daños.

Nuestra justicia no ve, por las personas que han perdido su derecho a la vida; y no es que sus familiares callaron, al contrario muchos nos han dado una demostración de dignidad en medio de un escenario de intimidación y cultura del miedo que busca su paralización y resignación.

Ejemplos de esa larga lista: El Carrizo, La Jagüitas, ejecutados en el campo como el campesino Andrés Cerrato, los del Bombazo y Anizales 3 en Pantasma, los campesinos de El Encanto, los adolescentes de la Paz Centro y Somoto, así como los motociclistas muertos a balazos por la espalda o ejecutados en el suelo por “no atender un alto”.

Sumemos otras recientes, el asalto con presencia policial contra los ancianos y jóvenes de Ocupa INSS y los tres ejecutados en Ciudad Antigua el mismo día de las designaciones, perdón de “las elecciones” del seis de noviembre.

Acordémonos también de la masacre del 19 de julio de 2014, donde cinco personas simpatizantes del partido de gobierno fueron asesinadas. La acusación incluyó crimen organizado con ocupación de bienes, pero a favor del Estado, lo que nos permite preguntarnos ¿si los familiares ofendidos fueron indemnizados…?

Hasta donde tengo entendido no, porque la sentencia no lo dispuso, con lo cual se confirma que son pocas las victimas a las que los operadores de justicia le acompañan para que se les paguen daños y perjuicios.

¿Cuál es el punto…? Que los jueces saben Derecho y lamentablemente en Nicaragua deliberadamente se ignora el alcance de este principio y la riqueza del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Víctimas las encontramos por todos lados, por supuesto con poca protección y en general son los más vulnerables. Si algo tienen en común esas víctimas es su carencia de poder económico, social y político y para las que viven en la lejanía la cosa es peor. Se explica entonces el panorama de impunidad que ha dominado en el país. Ello no aplica para los que tienen el brillo de la estrella de las conexiones.  

Que conste que hay algunos con bastantes reales que habiendo delinquido, el sistema de francotiradores con sus fusiles aceitados, se muestra a la orden de “su majestad”  para pasarlos por el paredón de la justicia arruinada, en caso de no alinearse al nuevo modelo de paz, amor y felicidad. Para desengaño veamos la lista de diputados, hasta como buenos hijos de Nicaragua se han declarado. 

Operadores de justicia saben de Derecho

En la cita ubicada en el titulo del presente tema, señalamos la trascendental referencia a la función y deber de los operadores en la aplicación de la ley. 

En un trabajo que el año pasado elaboré con mi colega Wendy Flores y que es parte de un libro electrónico denominado el Control de Convencionalidad en C. A. y México sostenemos que en Nicaragua los operadores saben mucho de Derecho y razonamos del porqué no lo aplican como es su deber y concluimos que lo esencial es la voluntad política determinada por la sujeción al Poder Ejecutivo donde es impensable la independencia de los otros poderes.

No es pues que no sepan aplicar el Derecho, ni que nuestros fiscales no sepan cómo pedirlo, no… Ese no es el problema, la esencia de todo es que la justicia no se imparte a todos y todas por igual, porque hay víctimas y delincuentes que además de tener tal condición, su destino para lograr justicia es la conexión, que no es más que los privilegios no autorizados por la ley y que redundan en impunidad.

¿Cuál justicia pronta e independiente?

Hay víctimas que pasan años esperando por la justicia pronta, sea en demandas civiles, penales o laborales, es más de la lista antes anotada hay casos donde ni siquiera se han dignado a presentar una investigación oficial, “porque son delitos complejos como la muerte de Kennedy y Olof Palme...” (Así considerados por nuestra Fiscalía).

Ah… Pero como vivimos en un país de ficción nos damos el lujo de declararnos capital de la justicia y otros ganchos para la exportación.

A propósito de justicia y de los derechos humanos, una entidad estatal dedicada a fiscalizar a los funcionarios del Estado no dice nada para “abrir de oficio” casos como los aquí señalados ni como el de la niña de 15 meses muerta a balazos la semana pasada, no hace ni dice pío teniendo competencias que la obligan; es la suma de operadores políticos que evitan molestar al poder.

"Justicia" contra el enemigo en acción de persecución

El padre y poeta Ernesto Cardenal ha sido condenado, en la vía civil, a pagar unos 800 mil verdes (dólares), en concepto de daños debidamente comprobados ante la justicia independiente de Nicaragua. Dicen los que defienden la imposición de esos 800 mil, que en la “transparente sentencia” no hay “motivación política alguna”. Por ende nada tienen que ver los residentes de El Carmen.

El Apoderado legal del P. Cardenal, Doctor Boanerge Ojeda, en declaraciones públicas señaló aspectos contundentes que cuestionan la sentencia tanto de fondo como de forma, que se resumen en la falta de razón de lo demandado contra la Asociación para el desarrollo de Solentiname liderada por el Poeta.  

En ese sentido, no se puede fundamentar derechos basados en el abuso, éste se torna peor cuando la sentencia es gracias a la indecencia de los que estilan amnesia o fingen demencia en todos aquellos casos que chorrean sangre y que teniendo la razón ni siquiera les piden perdón.

¿Cómo no van a ser francotiradores los que sentenciaron al poeta…?

De pronto los justos operadores se extraviaron de dirección y no encontraron el domicilio del Padre Cardenal ni la de su apoderado legal.

La sentencia la dictaron a su antojo a mediados del año pasado (sin contraparte que les alegara nada) y la notificaron mediante Gaceta Diario Oficial 8 meses después, precisamente calculando en momento político para notificarla y lo hicieron unos días antes del inicio del Festival de Poesía.

Ese remedo de justicia hecha sentencia, está motivada por un perverso espíritu de represión contra el prestigio del poeta y su contundente ejercicio de expresión, prestigio que supera de aquí  a la luna, a los que mandan de verdad en este país y sin los cuales no es pensable la susodicha sentencia.

Dos obras grandes del poeta trapense, Cántico Cósmico y la Revolución Perdida, ésta retrata a los asaltantes del poder como lo que son: una clase enriquecida en nombre de una revolución que no existe. Solamente en manos de ellos está la justicia.  

Nuestra opción es la lucha, para cambiar esa impresentable justicia y todo el sistema basado en la corrupción.