miércoles, 3 de mayo de 2017



La represión y el “modelo de consenso” 


Sábado 22 de abril, Juigalpa Chontales.

En semanas recientes de este año, publiqué el tema relacionado al modelo tripartito y los compañero del COSEP, alabado por los beneficiarios en tanto les garantiza un clima adecuado para invertir, generar empleo y de paso, obviamente hacer reales; con una clase trabajadora dirigida por un movimiento sindical que desde hace rato dejó de defender los intereses de sus bases para concentrarse en su prioridad de apoyar al poder de la nueva dinastía, cuyo premio es vivir bonito, con diputaciones y otras condiciones.

En un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se destaca el “modelo de consenso” en Nicaragua, cualquier persona que esté medianamente informada se preguntaría: ¿Alrededor de qué intereses existe consenso y quiénes son los del consenso  entre el 20% de la fuerza laboral que tiene trabajo formal…? Apuesto a que, ni todos empresarios alcanzan en el mismo, mucho menos los trabajadores.

Si en Nicaragua no existe una institución estatal que funcione con independencia, si el orden jurídico constitucional está en ruinas, el Estado de Derecho es usado para las apariencias, si la democracia en su manifestación más conocida como la electoral está al pié de la tumba porque desde hace rato se vota y no se elige.

Si las detenciones arbitrarias y la tortura son comunes, si los crímenes en la impunidad son incontables, si para la aplicación de la ley los operadores lo hacen con doble rasero, si los medios de comunicación son intimidados, comprados o silenciados… Entonces, qué cosa es consenso…?

Bueno, en la Nicaragüita el consenso que nos venden como genuino para un buen gobierno, está fortalecido con la alianza pública privada, tan exitoso que puede ser reproducido en otros países. Lo presentan como otro hecho que nos debe de llenar de orgullo, casi que lo ponen como parte de nuestra identidad; sus protagonistas lo defienden porque es sinónimo de paz, estabilidad y armonía. Es puro amor, basta escuchar a sus mensajeros, ellos están felices. 

¿Y, toda la sociedad que no alcanza en esa fórmula exitosa…? Definitivamente, se trata de repartición de oportunidades para el privilegio, a eso le llaman consenso. A los excluidos que Dios los proteja.
Mientras se aplaude esa alianza entre poderosos y unos cuantos que le hacen comparsa, el Estado y gobierno no tienen para el diálogo y entendimiento con los que expresan disenso, a éstos le recetan represión, por oponerse al modelo del “buen gobierno y vivir  bonito”. 

Represión permanente contra todos aquellos que no aplauden el modelo. No se sabe cómo, siendo tan buenísimo, no logró traducirse en respaldo popular, puesto que la mayoría optó por dejar las urnas vacías en noviembre pasado, elocuente ejemplo de que el modelo solo le sirve a un reducido grupo. El modelo no multiplica la realización de derechos, es el amarre para el buen vivir de unos privilegiados.

Para los trabajadores que se atreven a alzar la voz al no encontrar legítima representación sindical, que no alcanzan en ese modelo, la solución es persecución y criminalización de sus demandas laborales. 

Es el caso de los mineros reprimidos, perseguidos, encarcelados  y torturados. Es el caso de los obreros que al pretender formar su propio sindicato o ejercer sus derechos, son despedidos y criminalizada su lucha. Esos están fuera del modelo, o mejor dicho para esos La Modelo de Tipitapa.

Fuera del modelo de consenso está, el movimiento por la defensa de nuestra tierra, el lago y la soberanía, el más grande disenso opuesto al Estado que los reprime y amenaza con despojo masivo de sus tierras. Contra ese campesinado la represión es intensa. 

En definitiva, para asimilar lo que sucede en Nicaragua y lo que hacen los poderosos contra los derechos humanos, hay que tener estómago resistente a las agruras que generan la manipulación y las mentiras propagadas por el Estado y gobierno. 

Amor y terror, civismo y cinismo, verdad y mentira, libertad y opresión, tranquilidad y miedo, marcha y contramarcha. Son diversos los rostros que permanentemente se contraponen al ejercicio de los derechos de la ciudadanía, es el abuso de poder que los niega o impide realizar, sea por acción o por omisión, éstas ya son incontables.

Es el modelo del consenso, impuesto a la mayoría que no hace sintonía. Por eso la lógica perversa de subir la parada de la represión, la clase enriquecida en el poder percibe que se acerca más presión. Está dicho, el fin justifica los medios, impedir que la ciudadanía se exprese y reclame sus derechos, reprimir y mentir para descalificar la legítima protesta.

Resulta que ahora, para ejercer derechos hay que pedir permiso, a una familia ilegítimamente en el poder, que niega o permite, tal si fuera una concesión de bondades y no se tratara de la realización de derechos.

Se entiende entonces la ocupación de carreteras y caminos por donde transitaría la ciudadanía en la marcha 87 convocada dos meses antes y prevista realizarse en Juigalpa Chontales por el Consejo Nacional para la defensa de la tierra, el lago y la soberanía. Como ha sido la tónica dinástica, una vez más la manifestación no se desarrolló plenamente porque la represión lo impidió. El consenso no aguanta el disenso.

El campesinado tenía sobradas razones para manifestarse en esa fecha (22 de abril), debido a las graves amenazas que le representan la vigencia de la Ley 840, porque en cualquier momento se desata una expropiación masiva,  inconstitucional e ilegítima de las propiedades (la tierra) de miles de familias que están en la ruta canalera y más allá de la misma.

La concentración estaba prevista para la mañana del pasado sábado 22 de abril, en Juigalpa Chontales, con recorrido similar al realizado hace un par de años en la misma ciudad. 

La marcha no fue porque el poderío del estado, con todos los recursos y abusos la impidió. Dos días antes del día de la tierra, se les ocurrió anunciar, a ya saben quién, que en la misma fecha y el mismo lugar, realizaría una fiesta con amor, corazón verde para celebrar a la madre tierra.

Se evidencian en cinismo e irresponsabilidad criminal de Estado al asaltar el mismo lugar previsto para la realización del derecho de manifestación constitucional que le pertenece a la ciudadanía y no al Estado.

Al derecho constitucional se contrapuso todo el poder estatal, que simultáneamente utilizó las fuerzas policiales para garantizar la tranquilidad de la fiesta del poder y al mismo instante represión e intimidación para impedir la movilización. 

Una vez más impusieron una especie de estado de sitio para impedir la libre circulación y movilización de quienes pretendían viajar hacia chontales, retenían vehículos y documentos bajo amenaza de detener a los conductores si continuaban su marcha. A muchos les impidieron salir de sus poblados, mientras que a otros que alcanzaron a llegar a Juigalpa los expulsaron.

El corazón verde y el derroche de amor predicado ese día para la fiesta del poder, se tradujo con dedicatoria, en centenares de antimotines para asegurar que ni en camión, ni en carreta ni a pié, los campesinos salieran de sus municipios.

Si hubo tranques en esos caminos y carreteras fueron gracias al inmenso operativo de represión con gases y balas de los antimotines, incluidos miguelitos (poncha llantas), amenazas de quitar licencias de conducir y permisos de transporte, trabajo político de los emisarios del FSLN que andaban desmovilizando a los campesinos con el cuento de que ya no se hará el canal y no hay necesidad de hacer marchas.

En fin, la cantidad de obstáculos para que se manifieste el pueblo, no tiene correspondencia con el amor que le declaran. No les importa que los campesinos hayan tenido que viajar por más de dos días para participar en su marcha. 

Eso sí, a mayor represión mayor indignación, la familia sabe que están perdiendo terreno, que la mayoría no los quiere, a pesar de lo que diga la encuesta que aplaude el modelo de consenso.

Como no tienen razón,  emplean la represión e imposición de una política para generar miedo.

Lo saben muy bien, por eso el abuso de poder y con todo, no podrán contra la legítima aspiración y derecho de vivir en libertad y sin miedo.

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