Los 7 acusados de Mina La India

 Los acusados, su defensa y el abogado acusador

Se les acusa en su calidad de líderes del comité anti mina. Sí, así está formulada la acusación dirigida contra los 7 ciudadanos de Santa Cruz de La India (Mina La India), una comunidad de Santa Rosa del Peñón, ubicada a 175 kilómetros de la capital, sobre la carretera Malpaisillo-San Isidro, departamento de León, Nicaragua.

Son acusados porque en tal calidad realizan protesta en defensa de su territorio, de su comunidad, de sus derechos e intereses y como dicen ellos en defensa de su forma tradicional de vida. Según lo dicho en la acusación, los 7 ciudadanos causaron daños a la industria minera por un poco más de C$ 12,500, que equivale a unos 420 dólares. 

O sea, a razón de C$ 1,800 cada uno, pero ese no es el punto, si esa cantidad fuera el problema la solución sería simple, una colecta entre los pobladores de Mina La India los recoge en menos que canta un gallo. El punto es otro, se trata de la concesión minera para la exploración y eventual explotación otorgada por el Estado a favor de la empresa India Gold, es el choque de dos visiones del mundo,  dos proyectos relacionados a la forma de vida. 

El punto es la contraposición de modelos, por una parte el de la comunidad defendida por los acusados, cuya población en general se dedica a la minería artesanal, por la otra, la minería industrial que implica la explotación a gran escala de los recursos, con las consecuencias en perjuicio de los habitantes que están en el territorio de la concesión. A eso obedece la judicialización del conflicto. Los acusan por liderar la defensa de esa forma de vida en comunidad. 

 "Plataforma dañada"

Nada que ver de un tal delito de daños... Si de daños se trata, existe uno gigante y es el que desata la industria extractiva, un modelo de desarrollo económico que cuenta con la complacencia de quienes, acá en el país, tienen como prioridad la ganancia, aunque el discurso y la propaganda ensalce el modelo moderno, bonito y responsable; con lo cual justifican la persecución y criminalización de la protesta social.

Es la imposición de un modelo de desarrollo que no atiende razones, o mejor dicho, la razón principal es el saqueo de nuestros recursos naturales que a mediano y largo plazo nos deja desolación y miseria porque otros se llevan nuestra riqueza. A los acusados, en esencia se les pasa la cuenta por oponerse a ese tipo de desarrollo, no hay tales que sea delincuencia común. Eso, cómo lo ve nuestra administración de justicia...?

Entonces, no son 12 mil quinientos córdobas. La acusación versa sobre un inexistente delito, el rompimiento de unos sacos de tierra que “inutilizaron una plataforma”, ubicada en la propia naturaleza de un cerro. 

El proceso en el Juzgado de Santa Rosa del Peñón

Aunque existe la probabilidad de que todo sea asunto de formal trámite y el riesgo de legalizar la persecución, vale referirnos al desarrollo de lo que ha estado sucediendo en el mencionado juzgado.

Es 31 de mayo, son las 10 de la mañana, sin haber iniciado formalmente audiencia, la juez permite un intercambio de palabras entre la defensa y el acusador que dura 2 horas, primera vez que observo un previo de tanto tiempo, donde se discute aspectos de la audiencia misma. Es decir, un previo sin mayor sentido, las dos horas lo confirman; la judicial lo permitió.

Con ese arranque, Secretaría lee la acusación por daños dirigida contra los 7 ciudadanos de la comunidad de Santa Cruz de la India, la sesión se prolonga otras 4 horas y suman 6. Cualquiera se cansa y apenas es el comienzo, al finalizar la juez admite la acusación de la empresa representada por un abogado particular. Se discutió sobre audiencia inicial y la preliminar, ofrecimiento de pruebas y un enredo que lo explicaría mejor Cantinflas.

No hay una básica motivación de hecho y de derecho pero la acusación adquiere su rumbo formal, el poder judicial es instrumento para la criminalización, por ende la empresa logra su primer resultado legal. 7 acusados en su calidad de dirigentes que se oponen a la concesión minera otorgada por el Estado y el buen gobierno.

Los 7 no están solos, en la calle de acceso al juzgado hay centenares de pobladores con música y consignas, le dicen a la Juez: Justicia, Justicia, ésta al escuchar interrumpe y le dice a los acusados que le digan a la gente que baje el volumen porque le quitan concentración, su delicada función la motiva para pedir silencio, cualquiera diría que estamos ante un proceso con todas las reglas y garantía de un legal y debido proceso.

Se programa nueva audiencia para el 14 de junio. Ese día hubo más policías y patrullas, una de éstas está cruzada en la esquina previa al juzgado, hasta ahí llegan los centenares de pobladores que gritan justicia, recordando en sus mensajes que son del pueblo presidente, con canciones testimoniales, entre ellas la Malinche cantada por Amparo Ochoa, cuando la ponen la animadora introduce:

Para recordarle a los que son humildes ante los poderosos del extranjero y soberbios ante sus hermanos del pueblo… 

Existe un principio que dice que El Juez conoce el Derecho. En el caso concreto suponemos que la juez Local de Santa Rosa, sabe Derecho, ¿cuánto sabe? A mi no me consta si sabe poco o mucho… Los que más hablan son los abogados, ella en dos líneas decide, aunque poco motiva o argumenta sus decisiones.

Ah… Todo lo que pide el acusador, ella lo admite, incluso la reprogramación para el recién pasado 19 que para colmo se suspendió por ausencia del acusador. La juez dijo que él llevará constancia de esa ausencia.

Si la juez sabe Derecho, hasta ahora lo que ha exhibido es complacencia con una acusación injusta. ¿Será capaz de prestarse a ser un instrumento más para la criminalización de la protesta social?. 

¿Los declarará NO culpables como correspondería a una justicia decente y guiada por la rectitud…? Los hechos, el Derecho y su independencia garantizarían esa aspiración, supongo que sus decisiones no están sujetas a consulta, aunque el caso judicializado no deja de serle complicado, por los alcances sociales de la criminalización.

Si la sentencia es de culpabilidad, sólo es asunto de tiempo. ¿Cuántas audiencias faltan para ese día…? ¿Seguirán dándole largas con reprogramaciones para desgastar a los acusados y a los pobladores que los acompañan y defienden juntos el territorio…? 

Si supiéramos el futuro, mi oficio sería otro y no defensor de derechos humanos. Como gritan también en la comunidad de Mina La India: 

!!!Derecho que no se defiende es Derecho que se pierde!!!.

NO a la explotación indiscriminada de nuestros recursos, que violenta los derechos humanos de la población nicaragüense.