Constitución y Estado terrorista

Escribo golpeado por los acontecimientos más dolorosos que he vivido y sufrido como defensor de derechos humanos en Nicaragua. El actual estado de terror desatado en los últimos 43 días, me trae el recuerdo de cuando tenía 18 años, era junio y julio de 1979, en el derrocamiento de la dictadura dinástica somocista. Época en que estabas con Somoza o eras tiro al blanco, peor para los que éramos jóvenes. Fue el tiempo de los escuadrones de la muerte, reeditados en la actual ola de represión.

La dictadura dinástica y sanguinaria de ahora asesina a jóvenes, niños y pueblo alzado en una rebelión desarmada. Bandera azul y blanco, pitos, tiradoras (huleras) y morteros han recibido el ataque cobarde de fusiles de guerra en manos de una estructura criminal organizada y dirigida desde el poder central a cargo de la familia Ortega Murillo.

El 18 de abril comenzó la rebelión nicaragüense frente a la tiranía y la opresión, acción legítima y constitucional, establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Como lo expongo en los dos artículos anteriores, el 19 de abril comenzaron a asesinar, desde entonces la familia en el poder mantiene la orden de represión criminal y como si se tratara de una guerra, sus soldados y paramilitares tiran a matar.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe preliminar del 21 de mayo pasado reportó 76 personas asesinadas, 868 heridas y 438 detenidas, sin poder determinar en ese momento la existencia y cantidad de detenidos desaparecidos. El Estado de Nicaragua, en el mal llamado diálogo, se comprometió a cesar la represión y comunicados de la Policía del régimen, dijeron que sus fuerzas del “orden” estaban en sus cuarteles, para justificar la falta de protección a la ciudadanía, el dictador también dijo que la Policía “no tenían orden de disparar”, los hechos lo desmienten.

Desde el informe de la CIDH y con el compromiso declarado del Estado de cesar la represión, los agentes y paras, han ejecutado a unas 30 personas que igualmente ejercían sus derechos humanos constitucionales. Es decir, en 43 días de protesta cívica al menos 100  asesinados, heridos y lesionados suman más de un mil. Detenidos, torturados se cuentan por centenares y una cantidad indeterminada de desaparecidos. Cómo calificar todo eso…? Como Estado terrorista, expresado en toda una estructura y organización criminal.

Por eso, mis dos temas anteriores tienen el título de Dictadura Sangrienta y La Dictadura va a dialogar con orden de matar. No hay que ser adivino para acertar, pues basta observar los acontecimientos para concluir que nos desgobierna una tiranía armada y sanguinaria, los hechos hablan por sí mismos.     

Derechos constitucionales

Como defensor de derechos humanos, en incontables experiencias me ha tocado abogar por la vida e integridad de moros y cristianos, incluidos los que en el pasado reciente, “gobernando desde abajo” paralizaron el país permanentemente durante 16 años y ahora, desde arriba son parte de la estructura criminal que niegan todos los derechos constitucionales, y en extremo el derecho a la vida.

La dictadura mata a nuestro pueblo, ayer masacró una vez más, en el día dedicado a las madres homenajeadas por una multitud cívica; mientras la dictadura hablaba, su anillo de terror estaba desatado disparando a la multitud, fue una especie de castigo a las madres y al pueblo que mayoritariamente les dijo otra vez que ya no los quieren, que se vayan.

Ayer, por la tarde y la noche, cumplieron las amenazas que hicieron correr días antes, masacrar e imponer terror, ese es el único recurso que les queda porque saben y sienten que les llegó la hora, les llegó el momento final, que creen poder evitar quitando la vida y superando a cualquier mente criminal. La historia se repite, el final también.

Resulta que mientras masacran y aplastan todos los derechos humanos, cínicamente reclaman derechos constitucionales como el derecho de circulación, a propósito de los tranques, mientras la tiranía tranca kilómetros enteros a la redonda de su residencia en El Carmen, anteayer ubicaron barricadas con piedras canteras y unos enormes obstáculos poncha llantas. Era el presagio de la orden de disparar a matar, tienen plena conciencia criminal de lo que hacen.

Los asesinos deben estar en la cárcel, los asesinos del pueblo no tienen derecho a gobernar, mucho menos los asesinos en masa y como siguen matando, no cabe discusión alguna de procedimientos constitucionales para quienes durante 11 años se han limpiado con ellos.

Quien mata y aplasta los derechos y garantías, no solo pierde el derecho a gobernar, sino que el pueblo en rebelión está en su legítimo derecho de sacarlos del poder, porque si atendemos los “derechos constitucionales” de la dictadura asesina, llegarán a 2021 y seguirán en el poder encima de nuestros cadáveres.

Abajo la dictadura, si no se van tenemos derecho a derrocarlos, que le pregunten a los descendientes de la dinastía somocista cómo terminó su historia.