ABUSO DE PODER

Los funcionarios del Estado solamente están facultados para hacer lo que la Constitución, las leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos expresamente le permiten. Todo lo que hagan fuera de ese ámbito no tiene valor alguno. Al respecto podemos consultar lo que dicen los artículos 130, 182 y 183 de nuestra Constitución.

Es fácil observar entonces, cuando los agentes del Estado no respetan el orden jurídico constitucional, con las consecuencias nefastas para la vigencia de los derechos humanos (DDHH) en perjuicio de la sociedad nicaragüense.

Si una persona es detenida sin orden de captura de autoridad competente, sin haber cometido un delito en el momento de su captura (flagrante delito) y para remate no la ponen a la orden de un juez, ni la liberan cumplidas las 48 horas, se viola su DDHH a la libertad individual, según el artículo 33 constitucional. Eso es abuso de poder.

Si una persona es detenida legalmente porque es señalada de cometer un delito, por ejemplo, en el territorio de Jinotega o el Caribe nicaragüense, y la trasladan al Chipote en Managua. Eso es abuso de poder, aunque los verdugos acomoden la ley a cómo les ronca, pues el juez que debe conocer para juzgar y sancionar es el del territorio donde se cometió el delito.

Si una persona, como muchas acá en Nicaragua tiene a su favor una orden judicial de libertad sea porque cumplió la pena totalmente o por un beneficio legal y no sale en libertad porque los sistemas penitenciarios y Gobernación no lo permiten, se viola su derecho humano a la libertad individual y lo establecido en los artículos 33 y 167 constitucional… Ah y para variar debe agradecer su libertad a sus verdugos. Eso es abuso de poder.

Si una persona tiene retenido un bien, sea una casa, finca o vehículo y teniendo a su favor una orden judicial para que se los devuelvan y pasa meses boleado por las autoridades sin recuperarlos, eso es abuso de poder, en violación a su derecho de propiedad, además de ser un robo descarado, porque los vehículos y casas los disfrutan agentes del Estado que no los han comprado.

Si una persona es víctima de un delito y no se aclara ni por la policía ni por la fiscalía, y éstos más bien lo bolean, esos “operadores de justicia” abusan del poder y violan el derecho a la verdad y a la justicia, que son DDHH.

Cuando un policía, militar o un allegado de éstos matan y nunca los capturan, es porque estamos en un estado generalizado de impunidad de los abusadores del poder, con lo cual también se niega el derecho a la verdad y a la justicia.

Cuando desde la Presidencia se nos impone determinada creencia religiosa y se manipulan los sentimientos y creencias de todo un pueblo, eso viola lo establecido por la Constitución en el sentido de que el Estado no tiene religión oficial y es abuso de poder.

Cuando se gasta el dinero de todo el pueblo, para sembrar unos gigantes metales que no dan frutas ni sombra, eso es abuso de poder y es el extremo del derroche y la soberbia de un reducido grupo.

Cuando en el país, la gente vota pero no elige y en la presidencia tenemos a una familia impuesta mediante una reelección fraudulenta, eso es abuso de poder y además continuismo, dinastía y dictadura.

Cuando se realizan desalojos sin orden o cuando vemos a la Policía haciéndolos sólo contra seleccionados casos, por “órdenes del Presidente”, eso es abuso de poder en violación a los derechos humanos de igualdad ante la ley, seguridad jurídica y derecho a la propiedad.

Cuando a una persona o un grupo de personas se le impide realizar una concentración o movilización, mientras la misma policía que no la permite, alegando falta de permiso, simultáneamente aparece junto a grupos de enmascarados que atacan a los primeros, estamos frente un abuso de poder en violación a los derechos humanos de manifestación y expresión, artículos 54 constitucional.

Cuando a la gente humilde de nuestro pueblo, la someten al modelo que ha convertido los derechos en favores, para agradecer a sus verdugos del “buen gobierno” sostenido con el dinero de todos y todas… Esa gente es víctima de abuso de poder, porque los DDHH no se agradecen, se exigen y son obligaciones del Estado.

Cuando los funcionarios públicos no rinden cuenta a la sociedad sobre el cumplimiento de sus funciones y en particular sobre el uso del dinero de todo el país… Eso es abuso de poder, falta de transparencia y corrupción en perjuicio de los bienes nuestros.

Entonces, es fácil comprender por qué las cárceles están llenas de delincuencia común a donde no llevan a los que nos asaltan sin metralletas y nos roban millones, acumulando una riqueza que supera a la dinastía somocista. 

El hecho de que no hayan policías ni fiscales, ni contralores, ni ningún agente del Estado que investigue a los Roberto Rivas… Eso es abuso de poder y viola los DDHH de toda la población nicaragüense, empobrecida por esos asaltantes.

Cuando en nombre de la seguridad, se inventan cuentos como el muro de contención, que en esencia es para la represión de la inmigración. Eso es abuso de poder y viola los DDHH de la población migrante que es sujeta de derechos y no personas ilegales.

Facilísimo es caer a la cuenta cómo tratan de maniobrar para enredarnos en el caso de masacre de la Cruz de Río Grande, sin que hayan podido darnos atol con el dedo, quedando en evidencia que policías y militares han asesinado a niños, en la ciudad y en la montaña.

Eso son los abusadores del poder con el agravante de que en nombre de nuestra seguridad cometen crímenes de Estado y además pretenden que callemos ante semejante violación al derecho a la vida, a la verdad y la justicia.

Dicen que los derechos de la sociedad, es decir los DDHH de la gente son el límite al poder o a los abusadores del poder. Entonces… 

...Como siempre, de todas y todos depende hasta dónde los dejaremos llegar, porque en definitiva no nos merecemos vivir sometidos bajo ese modelo basado en el abuso de poder, en el miedo, sin libertad y en dictadura.

La Declaración Universal de Derechos Humanos

Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales iguales e inalienables

De la publicación 60 aniversario de la Declaración

Mi homenaje a las defensoras y defensores de derechos humanos, particular mención a la campesina Elea Valle, quien con su voz despierta nuestras adormecidas conciencias.

Elea Valle, exigiendo justicia y que el Estado entregue los cuerpos de sus hijos asesinados por el Ejército

Mañana diez de diciembre, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DU), arriba a sus 69 años. Aprobada en París, Francia en 1948, cuando la cantidad de Estados no llegaban ni a 60; para ser exacto 58 eran los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 48 de ellos votaron a favor de la DU: Casi todos los países de nuestro continente la respaldaron, incluida Nicaragua. 8 Estados se abstuvieron y dos ausentes. El resultado de la votación estuvo estrechamente relacionado al contenido y alcance del texto, a los derechos finalmente declarados.

Antes de su proclamación, la humanidad había sido estremecida por las dos guerras mundiales del siglo XX, caracterizadas por la tortura, el horror y exterminio de millones de seres humanos. Los crímenes de odio, el asesinato en masa, el genocidio; la negación de derechos en sus peores formas. La intolerancia y la irracionalidad brutal fue empleada en los campos de batalla y los campos de concentración; y para remate de la crueldad inhumana las bombas nucleares contra Hiroshima y Nagasaki hicieron lo propio asesinando a centenares de miles. Con ambos bombazos “se logró la rendición” de Japón y de esa manera concluía la segunda guerra mundial. El dolor por el horror no se olvida.

Como sabemos, la humanidad tiene en su haber histórico muchas guerras, invasiones y revoluciones, con resultados sangrientos, cuyos vencedores han hecho de las suyas hasta con la historia, que nos la cuentan a su manera. Pertinente es ubicar los antecedentes de cualquier instrumento jurídico en particular los que afectan o benefician derechos humanos.

Al respecto, tenemos como referencias la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Francesa de 1789 y su trascendental declaración, y la independencia de los Estados Unidos de 1776; en todas ellas la historia no es color de rosa, independientemente del aporte a la humanidad, en especial por el proceso de pérdida de poder del absolutismo e inicio de nuevos regímenes con la aspiración de más derechos y menos poder al poder.

Es así que, en medio de las consecuencias del holocausto, el diez de diciembre de 1948 Naciones Unidas adoptó el instrumento internacional que pasaría a ser acogido por la mayoría de los Estados que en lo sucesivo se constituyeron y que en la actualidad se cuentan por más de 190, el triple de los que existían cuando se aprobó. Dicha multiplicación se debió al proceso de descolonización e independencia de muchas naciones que antes estaban sometidas por los diversos imperios que ha conocido la humanidad, últimos que ampliaron sus territorios mediante la conquista de las armas, violando todo tipo de derechos.

Por eso es que también conocemos historia de lucha por la libertad mediante expresiones sociales, culturales y política de esos tiempos. Nicaragua y su pueblo tienen su propia historia de lucha por la independencia y la libertad, en medio de esas aspiraciones no han faltado los usurpadores del poder quienes, precisamente en nombre de la libertad, la democracia y la revolución han hecho de las suyas violando sistemáticamente los derechos humanos, independientemente de la identidad política con que se definen.

Nos imaginamos entonces el escenario, el contexto, la motivación e inspiración que tenían los países al momento de discutir y aprobar ese texto histórico compuesto por 30 artículos y un preámbulo, que a través del tiempo ha adquirido un valor político de trascendencia tal que en no pocas constituciones, al menos se le menciona.

En el caso de nuestro país se establece la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración y en otros instrumentos internacionales de Derechos Humanos (artículo 46 Constitución Política de Nicaragua).Vale decir que en este artículo se reconocen instrumentos contenidos en la Carta Internacional de DDHH de las Naciones Unidad.

Ahora bien, una cosa es la definición y el reconocimiento normativo y otra la realidad; pues aunque se proclamen valores y principios en dichos textos, en la práctica la humanidad no ha dejado de padecer de estados y gobiernos autoritarios y de dictaduras, así como de potencias imperialistas que las patrocinan en nombre de la libertad, violando derechos humanos.

En diversas partes del mundo sea por razones políticas, raciales, religiosas y territoriales la violencia está a la orden del día, al extremo de métodos de terror y exterminio de poblaciones enteras. El bombardeo indiscriminado para “matar a los malos” no distingue, arrasa y acaba la vida de muchos inocentes. Basta hacer un recuento por Siria, Libia, Irak, así como países africanos, cómo están destruidos… Con su población sometida al horror y al éxodo, de ambos extremos oímos que actúan por la libertad, echemos una mirada cómo está ahorita Jerusalén, luego que el Presidente de país más poderoso reconociera que esa ciudad es la capital de Israel.

El ideal de los derechos humanos (libertad, justicia, derecho a la vida y en paz, el debido proceso sin prisión arbitraria, entre otros), ha tenido como grave oposición a regímenes militares o policíacos que, se declaran respetuosos de la democracia y los derechos humanos y los anulan con sus actos y la barbarie.

En 1948, cuando se aprobó la DU, Nicaragua tenía como gobierno a la dinastía somocista, “amante de la paz” y perseguía a sus opositores hasta llegar a ser de las peores dictaduras del continente americano. Sanguinarios como Somoza y Trujillo (República Dominicana) tenían en común la firma de la Declaración y su negación con la opresión, la tortura, violaciones sexuales, las desapariciones forzadas y el asesinato.

Ahora, uno se pregunta: En qué posición estamos con relación a ese sangriento, cruel e inhumano pasado… O de qué pasado hablamos?

Hablando de opresión, dice el párrafo tres del preámbulo de la DU: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Observamos acá la trascendencia de respetar los derechos humanos, asunto que no ha sido fácil, porque su realización y conquista no son regalo de los gobiernos, es el resultado de una lucha histórica; caso contrario bastaría con una simple declaración para que viviéramos muy contentos y felices.

En consecuencia, los avances y retrocesos en materia de derechos humanos están influenciados no solo por el tipo de gobierno que tengamos, sino y principalmente por la sociedad con su capacidad y decisión de vivir en libertad con dignidad y sin miedo.

Ahora mismo en Nicaragua, nos rigen leyes regresivas y perniciosas para nuestros derechos humanos. En nombre de la Seguridad Soberana que ve y crea enemigos por todos lados, se mata y pretenden que nadie reclame, se cometen verdaderos crímenes de Estado como la reciente masacre en La Cruz de Río Grande, asesinato colectivo que cegó la vida a seis personas, bajo el cuento de “todos delincuentes”, ocultando entre ellos a los dos niños hijos de la campesina Elea Valle, quien con su valentía nos ha dado una extraordinaria lección de dignidad revelando y evidenciando las mentiras de los militares y de sus cómplices denominados operadores de justicia.

Nicaragua entonces, arriba este 10 de diciembre, con un Estado indolente, responsable por acción u omisión de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como los crímenes contra la vida de las mujeres y ciudadanos que se declaran opositores. Arribamos al 69 aniversario de la Declaración Universal con más femicidio que el año pasado, aunque oficialmente el Estado y la pareja gobernante ni las registre, procurando que las olvidemos con el entretenimiento de fin de año.

Solo en la semana del 6 al 12 de noviembre fueron privadas arbitrariamente de su vida, 12 personas y ninguno de los casos está esclarecido, saben por qué… Porque sus ejecutores y cómplices se encuentran dentro del Estado (policías, militares y fuerzas de choque). Ese panorama nos demuestra la ausencia de una política de Estado coherente con su obligación de promover, respetar y garantizar todos los derechos para todas y todos, comenzando con el derecho a la vida.

Este Estado abusador de nuestros derechos humanos, sólo se detendrá cuando todas y todos decidamos ponerlo en su lugar, caso contrario solo tendremos hermosas declaraciones y queditos sin mayor libertad ni derecho, agradecidos con lo que nos “regalen como navidad”.

En ese sentido, en justo alzar la voz y decir un basta ya de detenciones arbitrarias, prolongadas y sin causa legal previa, así como las ejecuciones arbitrarias a la vida a manos de militares y policías como la ejecutada contra el inmigrante africano y otras tantas pasadas como desapercibidas por ser barridas de “delincuentes”. Basta ya de persecución y acoso contra las manifestaciones y libertad de expresión.

Es necesario conocer todos nuestros derechos, pero por sí solos no se hacen respetar ni con el mejorcito de los gobiernos, por eso hay que sumar nuestra decisión de vivir en libertad, sin cultura de sometidos, con dignidad y sin miedo.

Depende de nosotros y nosotras; mientras tanto conmemoremos en lucha este 10 de diciembre, en la Avenida de Naciones Unidas desde las 9 de la mañana.  

Este día gritemos:

Entreguen los cuerpos de los niños asesinados en La Cruz de Río Grande.

NO más crímenes de Estado

No más militares haciendo de policías

NO más impunidad

Derecho que no se defiende es Derecho que se pierde

Entreguen los cadáveres de los niños asesinados
Acá en Managua me siento protegida… Allá en la montaña el Ejército anda bravísimo, me come… ELEA VALLE madre de los niños asesinados por el Ejército de Nicaragua el pasado 12 de noviembre

Elea Valle, denunciando ante el CENIDH

Francisco Alexander y Yojeisel Elizabeth Pérez Valle, de 12 y 16 años, eran los hijos de la campesina Elea Valle. Ambos niños querían ver a su papá Francisco Pérez, quien según testimonio de Elea se alzó en armas hace dos años porque no aguantó tanta persecución del Ejército. Con su esposo y sus cinco hijos, se desplazó más de una vez para evadir la persecución hasta que él se unió a su hermano Rafael que ya estaba alzado.

Los niños Francisco y Yojeisel pretendían estudiar en 2018, caminaron más de un día entre la montaña para encontrarse con su padre, lo pudieron ver, como era muy tarde se quedaron a dormir, le contaron a su mamá que se regocijaron porque se encontraron y le pidieron dinero para los útiles y entrar a clases, aunque en aquella lejanía las escuelas no abundan y menos de calidad.

Aunque vivieron y sufrieron la presión y la represión narrada por su madre, con su infancia no esperaban malas sorpresas, menos de parte de los agentes del “orden y la tranquilidad pública”, que va... Una tropa especial del Ejército preparada para el asalto, les cayó de madrugada, era domingo 12 de este noviembre, el trueno de los fusiles Aks les privó de todos sus deseos, les arrebató sus sueños, les quitó la vida, los demás derechos e ilusiones no cuentan más, incluso ni el derecho de su madre, a enterrarlos en el cementerio a su alcance.

Todos muertos ni un herido

Un parte militar dio cuenta de una operación exitosa, un impecable e implacable golpe de mano cuyo resultado fue...Todos muertos ni un herido. El victorioso jefe militar declaró que todos eran delincuentes comunes, peligrosos, asesinos, violadores y cualquier calificativo que nos hiciera creer que estaban bien muertos, porque eran seis elementos malos, seis menos en el planeta. Según el jefe militar la gente de esos lugares estaba feliz por esa operación de exterminio y limpieza.

Siendo así, cavar un hoyo, una fosa para tirar a todos los “eliminados”, sin registrar siquiera sus nombres no habría ningún problema, total nadie reclamaría a esos seres que el parte militar no considera personas con derechos. La fosa era para enterrar la verdad: Cómo murieron, si realmente hubo combate, cuántos disparos recibieron e hicieron… Todas las preguntas quedarían ocultas con esa manera inhumana de enterrarlos.

Sin registrar sus nombres y en un solo hoyo para enterrar la verdad

Más no esperaban el testimonio revelador y la valentía de una campesina, Elea Valle es su nombre, ella alzó su voz y estremeció todo el territorio nacional, superando obstáculos y a riesgo de su propia vida viajó centenares de kilómetros y llegó a Managua, para denunciar que entre los muertos, asesinados o ejecutados están sus dos hijos, niño y niña de acuerdo a la Convención de la niñez de la ONU. La verdad enterrada emerge de la fosa y por esa voz de ciudadanía campesina comenzamos a conocer parte de la verdad, o mejor dicho agarrando en la mentira a sus ejecutores.

El estruendo horrendo de los fusiles no logró apagar todas las voces, ahora quedan más al desnudo, los conocemos mejor gracias a Elea, a esa ciudadana campesina. Hace 13 días los mataron, desde que ella habló los ejecutores y sus cómplices callaron, así lo han hecho varias veces, se les vino abajo su cuento, se les desarticuló el golpe de imagen.

No demostraron de previo que los 6 “delincuentes eliminados” eran violadores, asesinos y cualquier delito más, en palabras más apropiadas y en base a la declaración oficial, primero los mataron y solo ellos saben cómo, después de la múltiple ejecución exhibirán las pruebas.

Haciendo un recuento entonces, entre los “peligrosos delincuentes” estaban los dos niños y una joven que no pasaba de los 20. Los militares, de acuerdo a su reporte dieron por hecho que su misión fue cumplida y a lo mejor hubo condecoraciones con medallas que ya no alcanzan en sus uniformes.

El Ejército usurpa funciones de una policía que no cumple con su misión constitucional

Es importante tener presente que desde hace varios años, el Ejercito que funciona en Nicaragua, NO tiene facultades para hacer de policía, por ello no es casual que cuando operan en persecución de “delincuentes”, el uso de sus mortales fusiles de guerra haya dejado una larga lista de ejecutados.

Cada vez que matan a una persona, sea cual sea el adjetivo que le pongan después, debemos de presumir que se ha violentado el derecho a la vida, mientras los militares no demuestren lo contrario. Por supuesto, no corresponde a los familiares de los “eliminados” demostrar inocencia alguna. Lo que anda haciendo el Ejército en contra de la vida y la seguridad de las personas es arbitrario e inconstitucional.

Después del abuso de poder y las graves violaciones a los derechos humanos… El silencio

La estrategia de silencio de los ejecutores y sus colegas operadores de " justicia " no es extraña cada vez que han matado en similares circunstancias, ahora ese silencio no le es suficiente, aunque y ojo, a lo mejor aparecen con expedientes de los sentenciados sin juicios y llevados a la muerte.

Los únicos que han hablado para sumar mentiras son unos innombrables francotiradores que se auto llaman buenos hijos de Nicaragua, políticos profesionales con perchas llenas de diferentes uniformes partidarios y actualmente más orteguista que la compañera vice.

Que entreguen los cadáveres de los niños y se haga Justicia

La campesina Elea Valle sólo pide justicia y que a lo inmediato le entreguen los cadáveres de sus niños. Cómo hará el Ejército para resolver esa petición, como hará el Estado que tanto habla de restitución... Seguro están planeando cómo salirse de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras tanto, el sonido de la voz campesina estremeció nuestras conciencias y es un hecho que ya no somos los mismos, nuestro compromiso con la vida, el derecho a la verdad y la justicia adquirió más energía, en adelante el desafío es elevar de calle la ciudadanía.

Si algo les queda de decencia y humanismo, entreguen de inmediato los cadáveres de esos niños y por supuesto respondan con una investigación creíble que determine todas las responsabilidades.

Nicaragua y su pueblo no merecen otra respuesta, la impunidad nos hace mucho daño.

Todos los derechos para todos y todas, para vivir en libertad y sin miedo.

Fraude, Crimen y Cinismo

Si usted observa un centro de votación vacío, dicen los datos oficiales que es pura percepción 

La población nicaragüense  en la última década ha sido despojada de su derecho a elegir y ser electo, derecho que ni siquiera se había alcanzado y realizado a plenitud; dado que históricamente ha existido un divorcio entre el voto, el conteo y los resultados. El respeto a la voluntad popular no ha prevalecido, porque los poderosos se han encargado de cambiar los resultados.

El ascenso al poder por lo general ha carecido de legitimidad. Eso sí, los políticos nacionales han sido campeones para acomodar sus abusos y atrocidades bajo “formas de legalidad”.

Un sistema basado en el fraude y la corrupción

Si hacemos un rápido repaso desde que Nicaragua se proclamó como República,  encontramos las contradicciones y guerras generadas por los políticos que nos han gobernado o desgobernado. De tal manera que fraude, engaño, reelecciones, trampa, promesas incumplidas, persecución y ejecuciones, han sido expresiones que identifican a los políticos contendientes, variando el nombre de las facciones ahora denominados partidos.

Fue apenas en el siglo pasado que se generalizó el voto con alcance universal y popular, no obstante los partidos se han encargado de hegemonizar los derechos de una ciudadanía estafada y conducida a las peores formas de enfrentamiento con vidas truncadas en diferentes tiempos; antes, cuando vivían mis tátara abuelos, se llamaban timbucos y calandracas, democráticos y legitimistas, conservadores y liberales.

Más recientemente somocismo, sandinismo, neoliberales convertidos en un montón de siglas sin representados y lo último en oferta también politiquera, el  orteguismo, la versión actual de una revolución inexistente que de paso acaba con el remedo de democracia, entre ella la electoral.

Todas las mañas y marañas asemejan a los políticos, la diferencia es la forma, el discurso de una clase política “moderna” con esencia de siglo XIX. Pactistas hasta los tuétanos con el agravante de actuar en nombre y en contra de todas y todos los nicaragüenses.

En la última década y en pleno siglo 21, se acumulan media docena de elecciones (generales, regionales y municipales) donde la gente vota pero no decide ni elige, porque una estructura electoral bajo el control absoluto del partido gobernante se encarga de asignar los cargos y cambiar la voluntad de los votantes que cada vez son menos.

Desde las elecciones municipales 2008, el derecho político se ha venido conculcando hasta llegar a unos niveles de descomposición y corrupción que no es jugando. En resumidas cuentas desde entonces tenemos y sufrimos procesos “electorales” basados en el fraude, lo que quiere decir que el meollo es todo el sistema. El clavo (problema) es grande.

En las elecciones generales de 2011, el abuso de poder adquirió una dimensión grotesca con la imposición de la candidatura presidencial de Daniel Ortega, quien por mandato constitucional tenía doble prohibición que le impedía la reelección.

No obstante, la Corte Suprema de “Justicia” y el Consejo Supremo Electoral estaban para servirle en bandeja al supremo jefe su candidatura, sentenciando contra razón jurídica y contra los nicaragüenses. El artículo 147 constitucional fue declarado inaplicable, en respuesta a un improcedente Recurso de Amparo, que no cabía ni de forma ni de fondo, aunque sí respondía a la consigna de que la “la revolución está por encima de la constitución” y había que hacer cualquier cosa para no volver a perder el poder.

En las elecciones municipales de 2012, la apropiación ilegitima o el asalto de los gobiernos municipales fue in crescendo, porque la victoria estaba reservada para el partido de la familia Ortega Murillo.

Los tentáculos del poder no podían dejar escapar su influencia en los territorios del Caribe nicaragüense, de tal manera que hasta allá hicieron sentir su arrollador lenguaje de victorias tras victorias, para lo cual han hecho uso del mismo sistema de bandidaje de alianzas, divisiones y pasada de cuenta para el que se les aparta de su esquema dictatorial, si no me creen pregúntenles a los líderes de Yatama y observen lo que pasa en esas regiones.

En las elecciones generales del año pasado, la reelección y el continuismo impuesto recibió un contundente mensaje de unos electores que se comienzan a hartar, pues a pesar de las presiones para acudir a votar y los miedos de no hacerlo, fue notoria la masiva abstención. En consecuencia, la familia sabe muy que ni con todos sus programas, medios de comunicación, intimidación y mentiras han podido llenar las urnas, ni con todo el pastoreo ejecutado por su maquinaria.

Es más, ni a su misma base que es mayoría relativa, la han podido persuadir ni obligar a depositar su voto. El mensaje lo tienen clarísimo, su propia fuerza de simpatizantes les ha negado el voto de confianza, se van quedando con la iglesia vaciada de gente y de contenido atractivo.

Las últimas “elecciones” municipales, no fueron la excepción porque una vez más se hizo sentir el mensaje de la abstención. Con las imágenes que les comparto se observa el panorama de una Managua que optó por dominguear antes que votar, eso fue la tónica general en el país. Y, donde la ciudadanía de buena fe acudió en mayor cantidad, la mano del fraude no se hizo esperar cambiando resultados. Es decir, si todo lo fraudulento no les ha sido suficiente… No tienen estómago para echar a pelear injustamente a la gente incluso entre votantes con similar corriente política.

Así, omitiendo deliberadamente el significado histórico y doloroso que ha tenido la reelección, en lo sucesivo nada ni nadie los ha parado en su carrera por hacerse de un poder absoluto hasta llegar a ser lo que son: Una versión actualizada de una dictadura dinástica que ya se acerca a los 45 años de la somocista (Desde el 79 Ortega y sus allegados han estado en el poder sea desde arriba o desde abajo).

Violencia política y crimines de Estado

En el contexto de los recientes fraudes electorales, una característica e identidad de los mismos ha sido la violencia institucional como el asalto al orden jurídico constitucional que ha degenerado toda la política electoral y de partido en los últimos años.

Además de esos fraudes a la legalidad y a la constitución, lo que no han ganado en las urnas, lo logran cambiando y alterando datos, para lo cual han tenido que hacer uso de la represión de las fuerzas policiales y militares que junto a las fuerzas de choque han operado contra las voces que han resistido contra el fraude. Por eso hemos visto la violencia política de calle, con enfrentamientos graves con privación de derecho a la vida, heridos y lesionados que van quedando olvidados.

Por ironía del destino de la política corrupta, ahorita hay muchos detenidos por los que sus "máximos líderes" de partido no preguntan. No se escuchan sus voces de protesta, es que arriba la prioridad es la repartición, para los de abajo represión.

La probabilidad de evitar los niveles de violencia y sus consecuencias para la vida, es y ha sido responsabilidad del Estado, cuyas fuerzas represivas se han puesto al servicio del partido de gobierno.  En más de una ocasión de la última década, la Policía y el Ejército han sido instrumentos partidarios, sea para la intimidación, persecución, cacería o complicidad para con las fuerzas de choques que han matado a varios ciudadanos y a varios miembros de una misma familia. Por acción o por omisión, se trata de verdaderos crímenes de Estado.

En ese sentido, deben estar en nuestra memoria todos aquellos que creyeron en el derecho a elegir y a ser electo, a esas víctimas cuyas vidas han sido segadas por las ansias desmedidas y criminales del poder, mi humilde homenaje.

El mismo día 8 de noviembre de 2011, Mercedes Torres Pérez y a sus dos hijos Josué Sael y Elmer Torres Cruz, muertos en la masacre de El Carrizo, en San José de Cusmapa; y Ronald Martínez Herrera Secretario Político del FSLN en Coperna, Siuna,  a quienes las fuerzas extremas de uno y otro contendiente los asesinaron en las presidenciales fraudulentas de 2011.

Juan López Artola y Vidal Obando Lira,  dos ciudadanos de Darío asesinados en la farsa de 2012, por fuerzas combinadas del partido de gobierno y tropas especiales de la Policía. En el mismo contexto, pero en el municipio de El Jícaro fue también asesinado Ariel Francisco Reyes Gutiérrez, de la JS19J. Ambos hechos criminales se atribuyeron a las fuerzas de los extremos políticos, sin conocerse los resultados de investigación oficial, excepto la declaración pública de que se esclarecerían…

José Nahúm Mendoza Arriola y su yerno Margarito Mendoza Sevilla, originarios de Ciudad Antigua y Armando López, originario de Totogalpa, Madriz. Son los tres ciudadanos ejecutados en Ciudad Antigua, el mismo día de la reelección y continuismo presidencial del 6 de noviembre de 2016, asesinato múltiple que cumplió un año sin esclarecimiento alguno, excepto que fue un crimen entre delincuentes, mientras tanto el régimen se aseguraba “otra victoria” con la actual y última farsa.

A la lista de asesinados en estos años, se suman otras víctimas de las recientes municipales, de la que si algo se puede destacar es que en medio de la enorme abstención hubo simultáneamente una mayor y dolorosa pérdida de vidas humanas, siempre por el afán continuista y de asalto total del poder.

Los nombres de ciudadanos asesinados en este noviembre de 2017, hasta ahora confirmados son Chando Smith Gadea y Gary Stevens Miguel Kitler del partido Yatama, en el Caribe Sur y Norte de Nicaragua;  Wilder Rivera Moreno y Alejandro Aguilar Herrera, en San Sebastián de Yalí, de Ciudadanos por la Libertad; Elías Pineda Blandón en Wiwilí, Jinotega del PLC.

Es digno recordar a María José Bravo, periodista de La Prensa quien fuera asesinada en Juigalpa Chontales, el 9 de noviembre de 2004, en las elecciones municipales, por impacto de bala disparada por el ex alcalde de El Ayote, Eugenio Hernández González, condenado a 25 años de prisión; por cierto en todos los crímenes aquí referidos, la generalidad ha sido la impunidad. Al respecto, los invito a leer los informes del CENIDH, donde podrán verificar detalles de las diferentes elecciones en Nicaragua, esfuerzo ampliamente documentado en los 27 años de dicha institución.

   

Si podemos sacar una lección visible de todos estos años y como mal recuerdo de la historia, es que el fraude por mantenerse en el poder está manchado con la sangre de esas vidas truncadas, cuya máxima responsabilidad es del Estado y la clase política dominante y corrupta que, cuando no se arregla mediante pactos oscuros, desatan guerras donde los muertos los pone el pueblo.

El Cinismo de una fiesta que careció de civismo

Un innombrable funcionario del gobierno orteguista, quien dedicó mucho tiempo de su vida promoviendo la guerra, para votar a Somoza primero y a Ortega después, involucrado en la muerte en los dos bandos, minimizó los asesinatos en la reciente farsa, porque no se comparan con las muertes por accidentes. Esta declaración es una muestra de insensibilidad y de 0 responsabilidad de parte de quien desde el 2008 permanece custodiado por más de un policía luego de que su casa fuera apedreada, hecho criminal que por supuesto no fue para nada relativizado.

A eso se llama cinismo y 0 civismo, como cínica es la posición declarada por la policía al señalar que los disturbios fueron provocados por algunos partidos “opositores”, sin decir una sola idea que nos de pista sobre los participantes en los recientes asesinatos, cercenando la verdad o contándola a medias.

Observemos cómo es el doble estándar de nuestra policía que lleva el nombre de Nacional… Ahorita hay 26 acusados por los hechos de violencia en San Dionisio y Jalapa, otra cantidad de detenidos en los hechos violentos del Caribe norte y sur. Saben quiénes son esos presos…? Pertenecen a cualquier partido menos al partido gobernante, cuyos destrozos y asesinatos parecieran en otro planeta.

En el mismo ambiente pre y pos electoral, la Policía se reducía a espectador o represor en casos de enfrentamientos, ataques y muertes en diferentes municipios como Yalí con dos ciudadanos opositores asesinados en presencia y con la aquiescencia (complicidad) de la Policía, lo mismo pasó en Wiwilí y las comunidades del Caribe.

La casa del partido opositor en Yalí está al lado de la PN, cuyos agentes al parecer estaban durmiendo con sus pofis que destruyeron la casa, dejando hacer y deshacer, todo lo contrario de San Dionisio y Jalapa o en la Concepción, Masaya y el Jicaral de León, donde persiguieron hasta en horas de la madrugada, incluso botando puertas y apaleando a los detenidos traídos exclusivamente al Chipote.

Sobre los asesinados, la declaración cínica señaló que no habían recibido denuncia, última que no esperaron en los otros casos, es la fórmula de la irresponsabilidad que por acción u omisión se aplica en todos los asesinatos, sea en Wiwilí Jinotega o en el Caribe Norte y Sur. Eso se llama crimen de Estado, cinismo que deja en evidencia la ausencia de civismo, donde perdemos todos y todas; por supuesto incluyendo la familia gobernante que ya sabe que cada vez los quieren menos, hasta sus propios beneficiarios de un proceso basado en el fraude y la mentira.

Siendo así nuestra dura y cruda realidad, hay que tener mucha cáscara para convocar a una celebración por la “aplastante victoria en unas votaciones llenas de paz”, clase cinismo. La sangre derramada por culpa de la dictadura les caiga a todos los responsables por acción y por omisión.

Mientras tanto, la resistencia por conquistar nuestro derecho a vivir en libertad y sin miedo continúa.

30 de octubre: 30 años de la Ley de Autonomía del Caribe Nicaragüense 

Ordenamiento jurídico y realidad

El avance en materia jurídica sobre la Autonomía en la Costa Caribe Nicaragüense, en los 30 años transcurridos es evidente, la distancia entre las normas y realidad… También. La propia Constitución Política de Nicaragua le dedica amplios contenidos que reconocen la existencia jurídica de la autonomía.

Si juntamos la Carta Magna con los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y las leyes nacionales como la propia Ley de Autonomía, así como Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal… y las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos inferir que contamos con un régimen jurídico para el Caribe nicaragüense de lujo. 

Es más, podría afirmar que la sociedad nicaragüense cuenta con una Constitución cuya carta de derechos es bastante buena. Ahora bien, podemos tener un almacén de leyes estupendas y suscrito todos los instrumentos internacionales, y a la vez padecer de graves violaciones a los derechos humanos, diría es el caso para los nicaragüenses en general y en particular no creo que la estén pasando mejor los caribeños.

En ese sentido, podemos sacar pecho a nivel mundial de que somos de los pocos países con un régimen jurídico excelente que reconoce derechos humanos y autonomía para su población indígena y afro descendiente. Esa característica podría reducirse a un simple orgullo declarativo y no representa en sí misma una profunda identidad entre norma y realidad.

Los procesos autonómicos entonces no están determinados exclusivamente por la existencia de leyes, el orden jurídico no lo es todo. Porque son incontables las leyes reducidas a eso, letras con mandatos incumplidos. Para no ir muy lejos, del listado de derechos establecidos en la Constitución… Cuántos de ellos se cumplen o violentan todos los días? Una ley reciente, la Ley 779, ni siquiera había cumplido 2 años cuando el poder  la reformó de hecho y lo que es peor, a las mujeres y niñas no las han dejado de matar.

Compartir y ejercer poder

Es importante tener presente que los procesos de autonomía, si son de verdad implican unos alcances que en la práctica sería democratizar el poder. En el caso concreto, cuando hablamos del Caribe y del poder nos referimos a lo político, económico, social y cultural, sin esos alcances todo es letra muerta.

Hablar de autonomía del Caribe es decir riqueza concentrada y explotada no necesariamente a favor de sus habitantes. Autonomía en estos 30 años es decir en pocas palabras de la guerra a la paz, con mucha sangre derramada.

Acaso el poder central dominado por una familia se identifica con la idea de compartir y descentralizar el poder…? El FSLN, que hace 30 años no era el mismo de ahora, fue y es uno de los principales protagonistas concentrado en Managua que ha gravitado en lo bueno y lo malo de la autonomía.

El actual régimen tiene por costumbre decidir y manejar el poder de manera absoluta y desde Managua, por lo cual gobiernos locales o regionales no hacen sintonía, con el espíritu de la autonomía.

El partido gobernante y dominante, dará y quitará “autonomía” según sea su interés y riesgo. No hay dudas que desde 1990 hasta la fecha, el que mejor se la ha ingeniado con el tema de la autonomía es el FSLN, por algo se mantiene controlando todos los poderes, los de arriba y los de abajo.

Solo una anotación más, las leyes pueden estar bien escritas y sin dudas sobre la autonomía, pero sin poder real de la sociedad, sin que los caribeños se identifiquen y apropien de lo que está en ellas, si no la viven a plenitud como pez y agua, solo tendremos inigualables normas y un abismo con la realidad.

En todo caso, celebro los 30 años de un proceso de autonomía que tiene mucho por hacer y crecer. El desafío es grande, eso sí no es posible desarrollar la Autonomía con toda su intensidad si no contamos con una sociedad en libertad.

Cataluña y la unidad del Estado español

La represión exhibida por las fuerzas del orden español para frustrar la realización del referéndum de Cataluña, realizado el pasado domingo 1 de octubre, contrario a la voluntad y objetivo del poder central y unitario, alimentó la decisión de acudir a las urnas. Aunque éstas carecían del reconocimiento del orden jurídico de España, la brutalidad policial para impedir la votación contribuyó a alejar, más que a persuadir.

Los promotores de la independencia de Cataluña son tachados de separatistas y de no contar con la legalidad. En ese sentido, los deseos de mantener a una España en unidad se enfrentan a una compleja realidad que implica la pretensión de independencia y la forma de cómo tratan de sofocarla.

A la ilegalidad del referéndum se impuso la legalidad de la represión y a qué costos… Consecuencias negativas de una crisis política cuyo horizonte no se ve despejado. Una acción considerada legal no siempre es legítima, es el caso del operativo policial con desproporcionado uso de la fuerza, violatorio de derechos humanos de centenares de catalanes reprimidos porque querían ejercer el voto.

En el otro extremo, lo considerado ilegal como el referéndum no es sinónimo de ilegítimo, por eso es que el caso de los catalanes y la España unitaria es un problema que no se encasilla en lo legal, por ende la solución no vendrá si prevalece la represión.

Ejercer el voto como expresión de decisión, no se simplifica con el argumento y cuestionamiento de su ilegalidad. El Gobierno central se hizo sentir e impuso su razón de Estado con represión. El Presidente español Mariano Rajoy declaró en medio de la represión que no hubo referéndum y a la actuación estatal de palo limpio, la consideró una opción del Estado de Derecho. 

 

No hay que ser analista para suponer que el conflicto se agravará, como en efecto está en desarrollo. El Gobierno central, que con costo se formó después de varios intentos de coalición, enfrenta quizá una de las peores crisis de la España contemporánea. 

En la historia de la humanidad, los Estados se han configurado mediante la conquista de la violencia, así se hicieron grandes mientras otros se redujeron, nuestra América lo certifica y modernamente la misma Europa y otras regiones tienen países con divisiones y desprendimientos territoriales. 

Sean por razones geopolíticas, económicas y culturales, las demandas de independencia se respaldan o rechazan de acuerdo a una diversidad de intereses, entre ellos la unidad indisoluble de los estados, en los peores casos han terminado despedazados.

Ayer 12 de octubre se celebró el día de hispanidad, en el continente también existen voces que reclaman por aquellos tiempos de ingratos recuerdos de una conquista y expansión colonial de esa España que ahora enfrenta el desafío de conservar su unidad territorial sin imponer a los catalanes lo que en su tiempo sintieron nuestros antepasados.

En fin, la madre patria se la juega con sus propios hijos.